Lijo será el primero de los dos candidatos a integrar el tribunal que se presentará en la Cámara alta -el otro es el abogado Manuel García Mansilla, quien lo hará el miércoles 28 a la misma hora- y ante un panorama de incertidumbre porque no están garantizadas las firmas de su pliego.

Una señal de alerta se activó en la tarde de ayer cuando el jefe del bloque del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans, le dijo al diario La Nación que «nadie» del oficialismo les habló y que su bloque no tiene «ninguna obligación».

«El que tiene la obligación de juntar las firmas es el Ejecutivo», agregó Mayans. Tal como publicó la Agencia Noticias Argentinas el domingo último, la administración libertaria apuntala un acuerdo subterráneo con el kirchnerismo duro.

Los encargados de tal trabajo son el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Si bien fantasean con un encuentro con la ex presidenta Cristina Kirchner, en los hechos buscan intermediarios para ese trabajo.

La Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri (CABA), está compuesta por otros 17 miembros: siete kirchneristas; cuatro de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de La Libertad Avanza (LLA) y cuatro pertenecientes a bloques federales.

Para que el pliego de Lijo llegue al recinto necesita la firma de nueve de sus 17 integrantes; por lo tanto, si el kirchnerismo decide no firmar el pliego, la posición de Lijo quedará en el aire, al menos hasta que se logre acordar con esa bancada.

¿La razón? La senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) es una de las figuras que se opone a la candidatura de Lijo; el otro es su compañero de bancada de la UCR Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Blanco formuló el lunes último en declaraciones radiales que su bloque todavía no «tomó una postura sobre el pliego de Lijo», pero afirmó que acompañará «únicamente a una candidata mujer porque es lo que corresponde».

Lijo fue candidateado por el Gobierno como reemplazo de Elena Highton, quien dejó la Corte en 2021. Ante las negativas de Losada y Blanco, y en eventual caso de que el kirchnerismo mantenga la postura de Mayans, serían solo ocho las firmas que reuniría el pliego de Lijo.

Otra de las dudas marcha por el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el legislador estaría siendo presionado por su socio de Evolución, Emiliano Yacobitti, para acompañar el pliego.

En la cúpula del centenario partido observan que la sociedad Lousteau-Yacobitti no transita un buen momento, justamente, por la cuestión Lijo.

Lousteau aspiraría a renovar su banca en 2025 y acompañar el pliego del juez, cuestionado fuertemente por diversos actores históricos de la UCR y de la instituciones satélites del Poder Judicial, lo pondría en una posición de debilidad.

Por lo tanto, el dirigente delegó la decisión en el partido, que todavía no se expidió. Si bien el contexto en el que Lijo defenderá su pliego no será el más amigable, no es obligatorio que las firmas estén este miércoles. De hecho, Tagliaferri dejaría en claro sobre el final de la audiencia publica que quedará habilitado el despacho para su firma.

La candidatura de Lijo, entre adhesiones y fuertes impugnaciones
Lijo arribará al Congreso con múltiples adhesiones como así también impugnaciones. Solo en el Senado, el magistrado recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones.

En el mismo proceso, pero en el Ejecutivo, Lijo tuvo más de diez veces las adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 respaldos y 328 impugnaciones, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Su postulación no solo generó reacciones negativas fuera del Gobierno, sino también puertas adentro. Una de las principales voces oficialistas que encarnaron la negativa fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado.

«Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema», consideró Villarruel este martes al asistir al Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, organismo que cuestionó también la candidatura de Lijo.