La Asociación de Trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (ATUNNOBA) adhirió a un comunicado y pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional junto a las universidades nacionales de San Martín, La Pampa, Río Negro y San Martín, explicando la problemática del sector (trabajadores docentes y no docentes universitarios) expresando que «estamos esperando y aguardando que se apruebe en el Senado para el funcionamiento y salario de los universitarios».

«Desde ATUNNOBA necesitamos que se apruebe la ley en el Congreso y que el gobierno no la vete», agregaron desde la entidad sindical juninense. «Pedimos al gobierno nacional que no vete la ley porque esa legislación permitirá que el salario sea digno para nuestro trabajo y nuestras familias», se indicó.

El comunicado indica que «a partir del trabajo de un equipo de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín, el sistema universitario público argentino presenta un informe que muestra que los salarios de más del 85 % de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los nodocentes se encuentran en esa situación».

Se agregó que «los mismos datos estiman una pérdida del poder adquisitivo del 33,3 % de los salarios de docentes y nodocentes entre diciembre de 2023 y julio de 2024, sobre un contexto con una inflación acumulada del 134,5 % y una recomposición salarial de apenas el 56,9 % (77,6 % puntos porcentuales de diferencia)».

«Tras la Marcha Federal Universitaria en todo el país, se ha logrado una actualización de los gastos de funcionamiento, pero persiste el atraso en los salarios. Reiteramos la profunda preocupación por esta situación crítica. En ese sentido, sostenemos nuestro apoyo y solicitamos la urgente sanción y promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario», se expresó en el documento a la vez que sostienen que «todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla».

De esta manera se expresó a través de esta declaración que «la universidad pública es la base de la democracia y el desarrollo social».

«Esta iniciativa se aprobó en la cámara de Diputados y ahora lo debe hacer en Senadores. Hay un fuerte rumor de que el presidente Milei la vete como se hizo con el tema jubilados. En caso de eso, debe volver a Diputados y si se aprueba con un 30% se convierte en ley, también se está analizando una nueva marcha federal en favor de la educación», destacó a este portal digital informativo, Jorge Mendoza, secretario general de ATUNNOBA.

Detalló el dirigente sindical que la entidad gremial que conduce, pertenece a FATUN como parte del Frente Universitario y «estamos acompañados por rectores y rectoras de universidades públicas de todo el país nucleados en el CIN, que acompañan el reclamo de trabajadores docentes y no docentes. Existen trabajadores del sector por debajo de la línea de pobreza y seguimos con esta situación que nos preocupa y ocupa», resaltó Mendoza.

DICTAMEN EN EL SENADO DE LA NACION

La oposición avanza a paso firme con el proyecto que blinda el presupuesto universitario, tras el dictamen obtenido esta tarde en las comisiones de Educación; y de Presupuesto y Hacienda del Senado. La iniciativa, que ya aprobó Diputados, podría ser sancionada el próximo jueves peroel Gobierno ya deslizó que está dispuesto a vetarla.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

El kirchnerismo, que no quiso integrar la comisión de Educación durante más de nueve meses, aprovechó la ocasión y días atrás puso en la presidencia al camporista Eduardo De Pedro, quien dejó en claro que el proyecto “es un rescate urgente para garantizar el funcionamiento mínimo”.

“No es un gasto, es una inversión que tiene que ver con la cultura, con la identidad argentinos. Es la democratización del conocimiento y tiene que ver con los pilares esenciales de una Nación, que son la educación y un sistema argentino muy reconocido a nivel mundial”, destacó el legislador bonaerense.

Desde La Libertad Avanza, el jefe del oficialismo y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, argumentó que el Ejecutivo subió un “70%” partidas educativas que “venían muy atrasadas desde 2022″. “Era una cuestión que no se reclamaba y empezaron a reclamar, y era razonable”, aseveró. No obstante, el jujeño apuntó a “salarios de docentes y presupuestos adecuados” siempre y cuando se cuide “el bolsillo de los pagadores de impuestos”.

“La OPC dijo que rondaba -el costo fiscal del proyecto- casi 800 millones de dólares. El Ministerio de Capital Humano, según sus cálculos, tiene que superaría los 1.100 millones de dólares. Es alto y se tiene que revisar, independientemente que salarios valgan cada vez más”, enfatizó.

Quien respondió fue el vicepresidente de la comisión de Salud y experimentado ex rector universitario, Flavio Fama: sostuvo que el proyecto “no reclama un presupuesto extra, para no entrar en una discusión descontextualizada” y tampoco “hace hincapié sobre puntos como la obra pública suspendida”. Seguido a ello, evaluó que la ley “es de corta duración, hasta 31 de diciembre, y en poco tenemos el Presupuesto 2025 y ahí estará la discusión”.

Fama además sugirió no “desconfiar ahora” sobre los informes de la OPC y, sobre una potencial “sospecha de alguna maniobra poco santa, que “el artículo 75 -de la Constitución Nacional, inciso 19, que consagra la autonomía universitaria y la autarquía financiera”. Y sintetizó: “Si se mete a todo el sistema universitario -bajo sospecha-, es injusto”.

“No invalido la discusión de hacia dónde queremos ir, pero si hay algo que iguala a argentinos es nuestro sistema de educación público”, señaló el legislador catamarqueño. En cuanto a los salarios, observó que “quedaron un 15% debajo de la pauta que el mismo gobierno nacional estableció para el resto del sector público”, y aclaró que el 90% del presupuesto se destina a sueldos. Durante el plenario también sumó otros datos el titular del partido, Martín Lousteau.

Desde un sector del PRO, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero manifestó que el debate que se da en el Senado sobre este tema debe ocurrir con la “seriedad que merece”. En tanto, el kirchnerista Fernando Salino afirmó que la reciente baja del impuesto PAIS realizada por el Gobierno implica “entre un 0,13% a 0,18% del PBI”, lo que se equipara con el costo fiscal de la ley, según la OPC.