Dirigentes sociales y especialistas coinciden en que Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza mantienen una agenda común de proyectos de ley que buscan «criminalizar la protesta» y que, además de expresar «una actitud defensiva» ante el avance de los movimientos sociales, también persigue el «rédito» de un electorado que pide un «orden en las calles», algo «imposible» si no se atienden los reclamos de los sectores populares, el «sujeto político más activo de la actualidad».

A partir de que miles de vecinos de las ciudades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul salieron a reclamar a las rutas en junio de 1996 por los altos índices de pobreza y desocupación -producto de la privatización y desnacionalización de las empresas públicas YPF y Gas del Estado-, la protesta social en el país no solo comenzó a llamarse «piquete» sino que obligó a todos los gobiernos y expresiones políticas a optar distintas medidas y posicionamientos frente a ellos.

En lo que va del 2022, tres proyectos de ley fueron presentados por distintos legisladores opositores con el objetivo de sancionar las movilizaciones en las calles.

Hace dos semanas, el diputado de JxC Gerardo Milman llevó una iniciativa al Congreso para suspender la «personería jurídica y/o administrativa» y cualquier «beneficio económico» que recibe por parte del Estado a toda «organización involucrada en delitos o contravenciones» durante movilizaciones.

La respuesta de las organizaciones
«Hay actitudes defensivas de la derechs ante el avance de los trabajadores», dijo en diálogo con Télam el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato.

El dirigente cuestionó a los sectores que son «contemplativos con los poderosos» pero que bregan por «mano dura» sobre «el campo popular y los humildes».

«Nunca nos trataron como trabajadores, siempre fuimos planeros, vagos, negros, generadores de crisis y caos», protestó Onorato.

Pese a esto, los movimientos populares «están reconstruyendo la participación política de los trabajadores y de los sectores más humildes del país», detalló el secretario gremial de UTEP, una organización que cumplirá en diciembre tres años de vida y que tiene 2 millones de adherentes de diferentes agrupaciones como el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.

Con la llegada del Frente de Todos (FdT) al Gobierno en 2019, algunos de los referentes de estas organizaciones alcanzaron cargos en nuevas estructuras especialmente diseñadas para que puedan articular con sus bases, como la Secretaría de Economía y Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Tanto el volumen de estas organizaciones como los «cargos de jerarquía y decisión» que tienen en el Gobierno sus líderes, son características que -según expone el diputado Milman en su proyecto de ley- deben motivar «aún más responsabilidad» en el «respeto de las normas y leyes» durante las manifestaciones.

«Me parece que les molesta la defensa de determinados intereses», señaló a Télam el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.

«Buscan estigmatizar la proveniencia de dirigentes que vienen de sectores populares para tomar decisiones en el Estado», agregó el subsecretario, que también es coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

Menéndez cree que «penalizar el conflicto y no administrarlo» es parte de la «línea conservadora» y de «esquemas que ya fracasaron».

«Muestran la voluntad de perpetuar esas inequidades que son la causa de lo que después se expresa con conflictividad social, movilizaciones y reclamos», concluyó.

Según la consultora Diagnóstico Político, durante 2021 hubo 6.658 movilizaciones -la cifra más alta de los últimos siete años-, un dato que retoma el diputado de JxC Waldo Wolff en otro proyecto que también busca reducir las movilizaciones, pero con el foco puesto en penalizar a los manifestantes.

Esta iniciativa presentada a principios de abril, en la que se propuso quitar toda «prestación económica» que reciba el autor de «delitos o contravenciones» realizadas en manifestaciones, salió a la luz la misma semana en la que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió «sacarles los planes sociales a quienes corten las calles».

«La gente se organiza, sale a reclamar sus derechos, y los aparatos estatales tratan de ponerle un freno a través de la criminalización de cualquier hecho de protesta», dijo a Télam la referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú.

Hace más de 20 años que los movimientos sociales comenzaron a centralizar los reclamos de los sectores populares, convirtiéndose en «el sujeto político más activo» de la actualidad, subrayó la referente de Correpi.

«¿Qué otro espacio tiene este poder de convocatoria y movilización?», agregó Verdú al ejemplificar con la Marcha Federal, una manifestación que desde los ’90 reclama por «trabajo y salario» y que congregó hace un mes a miles de personas de todo el país en Plaza de Mayo.

Milei avanza en la misma línea
Desde que el partido encabezado por el diputado Javier Milei, La Libertad Avanza, se consolidó como tercera fuerza en el territorio porteño al conseguir el 17,30% de los votos en las elecciones de 2021, la dirigencia de JxC debate internamente cómo hacer no para no competir con ese electorado sino cooptarlo.

Si bien mantienen diferencias, una de las cuestiones en común es el rechazo a la protesta social.

En la misma línea de las intenciones de los diputados Milman y Wolff, el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra, presentó en febrero un proyecto de ley con el objetivo de «prohibir las interrupciones» de la circulación «por parte de dos o más individuos», y pidió «designar un espacio particular» para que las personas puedan manifestarse «sin molestar a terceros», lo que provocó repudio de dirigentes y organismos sociales.

«Este tipo de normativa se usa para criminalizar a los integrantes y las organizaciones mismas, y también tienen un efecto de disciplinamiento, de evitar que las organizaciones hagan tal o cual cosa», dijo a esta agencia el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró.

Esos proyectos «funcionan como una limitación previa al derecho a la protesta y una amenaza», agregó.

Además de considerar estas iniciativas como una «marcada de cancha» ante un escenario de creciente «conflictividad social», Tufró cree que estos proyectos contienen «una medida de corte demagógico».

«Buscan un rédito político explotando malestares de algunos sectores de la población y proponiendo una idea de orden en las calles que podría existir en Suecia, pero que es imposible con los problemas sociales que hay acá», remarcó el representante del CELS.