La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió en 2021 un total de 804 denuncias de personas mayores afectadas por hechos de violencia doméstica.

El número de denuncias, según el relevamiento, «representa un 35% más que en 2020», por lo que fueron dictadas un total de 2.226 medidas de protección,informó la OVD.

La OVD indicó que de esos casos «las mujeres representaron el 79% de las víctimas», en tanto que de ellos dos tercios corresponden a personas de 60 a 74 años y el resto a mayores de esa franja etaria.

Los datos están contenidos en el informe de la OVD titulado «Personas mayores afectadas por situaciones de violencia. Año 2021», que consignó que el 80% de las denuncias fueron realizadas por las propias personas afectadas.

Según el informe «la mitad de las personas mayores sufrieron el maltrato por parte de sus hijos/as, proporción que se incrementó entre las afectadas mayores de 75 años» y «el 56% de las víctimas cohabitaba con la persona denunciada al momento de la presentación».

Agregó que «seis de cada 10 personas afectadas sufrieron violencia diaria o semanal» y «se observó que 119 personas tenían algún tipo de discapacidad», mientras que la mayoría de los «principales agresores», casi dos tercios, fueron varones y «el 71% tenía entre 22 y 59 años de edad.

Precisó que «se registraron diferentes tipos de violencia: psicológica (en el 97% de los casos), ambiental (49%), física (46%), simbólica (42%) y económica-patrimonial (38%), entre otras», y un alto porcentaje contra mayores de 75 años en situación de «alto o altísimo riesgo».

Entre las «medidas de protección» dictadas por la justicia civil prevalecieron las prohibiciones de acercamiento y contacto (470 y 454 casos, respectivamente), dispositivos de alerta (209) y 173 órdenes de exclusión del hogar de las personas denunciadas.

Se destacó que este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las fuentes consultadas recordaron que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por la Argentina (Ley 27.630), obliga al Estado a garantizar los derechos y libertades de las personas mayores a través de medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole, a fin de brindar un adecuado acceso a justicia.