La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que había iniciado un amparo colectivo al respecto contra el GCBA en 2019.

Según explicó la ACIJ, las personas con discapacidad enfrentan significativas barreras para ejercer su derecho a la educación y «muchas de ellas deben recorrer decenas de escuelas hasta encontrar una que les abra las puertas y, si no lo logran, son expulsadas del sistema o forzadas a asistir a centros especiales».

En ese contexto, el pasado 23 de junio, el Juzgado de Primera Instancia nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia Lopez Vergara, declaró «la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno -porteño-«, y le ordenó «presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días», detallaron desde la asociación civil en un comunicado.

Entre sus conclusiones, la jueza sostuvo que la propuesta del Gobierno debe contemplar, como mínimo, el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción.

Asimismo, la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.

La sentencia tuvo lugar luego de ordenarle a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, «algunas medidas provisorias para poner fin a esta situación y de imponerle multas por sus reiterados incumplimientos», agregaron desde la organización civil.

Con esta resolución, la magistrada dio lugar a la acción de amparo iniciada por la ACIJ con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA, quienes en 2019 habían demandado judicialmente al Ministerio de Educación de la CABA, solicitando que «se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada localizadas en dicha jurisdicción».

En ese momento, la ACIJ había denunciado que las instituciones «negaban sistemáticamente el ingreso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que el gobierno omitía controlarlas y sancionarlas», conductas que «vulneraban el derecho a la educación inclusiva», reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014.

Por último, la jueza consideró que la prueba presentada era «contundente» y resaltó que «el Estado se constituye en el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva», por cuanto, a través de su inacción, «parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad», según el documento de la sentencia.

Esta decisión judicial, «marca un antes y un después en el movimiento de lucha en pos de este derecho» y «refleja un Poder Judicial que escuchó los reclamos históricos de las personas con discapacidad y sus familias y se hizo eco de ellos», concluyeron desde ACIJ.