La Cámara Federal porteña deberá resolver si las denuncias por las amenazas y la violencia propagadas desde la cuenta de Instagram de Revolución Federal deben investigarse junto con la causa en la que se pesquisa el intento de matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El tribunal de apelaciones deberá intervenir luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el ataque a la Vicepresidenta, rechazará la competencia sobre la otra causa que le había enviado su colega Marcelo Martínez de Giorgi, informaron fuentes judiciales.

Mientras tanto, la causa en la que se investiga a Revolución Federal se encuentra bajo secreto de sumario mientras se desarrollan una serie de medidas de prueba propuestas por el fiscal Gerardo Pollicita tendientes a determinar las vinculaciones y el financiamiento de ese espacio desde el cual se agitan consignas violentas.

En un dictamen elaborado el pasado 16 de septiembre, Martínez de Giorgi consignó que «la plataforma fáctica que constituye el objeto de investigación del presente legajo, esto es la presunta actividad ilícita llevada a cabo por el grupo Revolución Federal en su perfil de Instagram, debería ser investigada a la luz de los elementos de prueba reunidos en el expediente CFP 2998/22 y por ende, conjuntamente con el ilícito padecido por la Vicepresidente de la Nación el pasado 1° de septiembre.

«Teniendo en consideración que una de las personas que habría participado en él y que se encuentra actualmente detenida en marco de la causa de mención, días antes concurrió a una manifestación organizada por el grupo», en relación a la denominada «marcha de las antorchas» que se grupo realizó el pasado jueves 19 de agosto, y que consistió en arrogar elementos encendidos con fuego contra la Casa Rosada.

El magistrado agregó que, en efecto, «no podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación».

En su presentación, el magistrado cita una denuncia recibida por la Policía Federal, en la cual «se hizo saber que en las redes sociales estaba circulando» el perfil de una persona que «atentaría contra la democracia y que incitaría al odio y violencia política, de forma directa al Presidente (Alberto Fernández) y a la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner)».

El denunciante «se refirió que el perfil de la cuenta de Instagram a la que hacía referencia era @revolucionfederal», y dicho usuario que expresaba: «Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle».

«El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas», sostenía esta mensaje publicado en esa red social.

A su vez, en la resolución del juez se consigna que surge de una publicación «los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa, para realizar ‘donaciones’ y se adjuntaron capturas de pantallas en relación a lo anoticiado».

Como resultado de las diligencias iniciales ordenadas, «luce un informe en el sumario policial de fecha 8 de septiembre en relación a la visualización del perfil denunciado, respecto del cual se adjuntaron capturas de pantallas, además de verificarse que en la red social Facebook figuraría la misma agrupación, que se reconocería como agrupación política no gubernamental».

Martínez de Giorgi «también hace alusión el informe inicial a que distintos medios periodísticos referirían que Leonardo Sosa y Jonathan Morel, serían los creadores de dicha organización».

El pedido a Capuchetti
El magistrado le solicitó al juzgado que encabeza Capuchetti que le informara si este grupo denominado como Revolución Federal estaba siendo investigado en la causa que se sigue por el intento de asesinato de la Vicepresidenta, y en la que también interviene el fiscal Carlos Rívolo.

El juez señaló que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia sobre «una conversación de casi dos horas de duración, publicada el 26/8/22, una semana antes del atentado, en la red social Twitter, en un espacio que habría sido creado por la agrupación Revolución Federal y mantenida por los usuarios @FCastelliCheij y @moreljonathan, que se titulaba «Hay que pudrirla?».

En se sentido, se recuerda que Brenda Uliarte -detenida por el intento de magnicidio- participó «cuanto menos en una de las violentas manifestaciones que organizara la agrupación Revolución Federal, que se efectuaron bajo las las consignas «reventar la Plaza de Mayo» y «exigir renuncias».

«No podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación», apunta Martínez de Giorgi

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La decisión del tribunal podría desencadenar nuevas medidas investigativas para establecer vínculos y financiamiento de los grupos / Foto: Osvaldo Fantón.

Y agrega que esa afirmación tenía sustento para el fiscal Pollicita «a partir de la ya citada publicación existente en las redes sociales de Uliarte sobre aquel suceso, de la que se derivaba que la nombrada poseía la misma afinidad ideología política y social que detentaban los miembros de Revolución Federal».

Por estas razones y «motivos de economía» procesal, el magistrado decidió remitir las actuaciones sobre Revolución Federal al Juzgado Federal 5 que encabeza Martínez de Giorgi para que investigue sobre la conexión entre este grupo y los detenidos por el intento de magnicidio a la expresidenta.

Para la jueza, los hechos denunciados se circunscriben a personas «totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas» por el ataque a Fernández de Kirchner, y desiste de intervenir en las investigaciones sobre Revolución Federal .

Al respecto se sostiene que en las denuncias que presenta el juzgado de Martínez «solo se hace mención a un grupo conformado por personas que de ningún modo guardan relación con los hechos que son investigados en esos actuados».

La magistrada considera que el juzgado de Martínez de Giorgi «sólo basó su declinatoria de competencia en función de los escasos elementos de pruebas incorporados hasta el presente, sin siquiera haber efectuado previamente aquellas diligencias tendientes a determinar los extremos de la denuncia».

Ahora, será la Cámara Porteña la que deberá resolver cuál de los magistrados es competente para investigar a Revolución Federal, su presunta vinculación con el ataque a la Vicepresidenta y el financiamiento de sus actividades.