La Vicepresidenta advirtió en su cuenta de Twitter que formuló la presentación «en épocas de derechas violentas», en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», advirtió la ex mandataria en sus redes sociales.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida hoy, los letrados de la Vicepresidenta sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

«Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», indica el texto.

Vínculos con el macrismo
El viernes pasado el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, advirtió que «los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno», tras afirmar que la jueza federal Capuchetti «está contratada» desde el año 2019 «por el Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta» en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

«La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de (Marcelo) D’Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno», sostuvo Soria en el primero de una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de la red social Twitter.

«Desde hace 4 años la jueza encargada de investigar el atentado contra @CFKArgentina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de (Mauricio) Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de ‘investigadora’, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia», continuó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

«¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA que emplea a la jueza Capuchetti y tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques (fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires)? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica», agregó Soria.

En el siguiente mensaje escribió: «El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de ‘la magistratura judicial con toda actividad política’ y ‘cualquier actividad profesional’. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal».

«Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py», concluyó el ministro en
La jueza Capuchetti encabeza el juzgado federal número 5, que antes ocupó el fallecido magistrado Norberto Oyarbide.

Desde ese juzgado está al frente de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta, causa que delegó en el fiscal Carlos Rívolo luego de que la querella la recusara.

Además, investiga la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene la causa conocida como Mesa Judicial, en la que se analizan, entre otras cosas, las maniobras desplegadas por el gobierno de Cambiemos para lograr la renuncia de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.