El proyecto de ley de que apunta a generar «coherencia» en los funcionarios públicos establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria.

La iniciativa la encabezan el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, senador José Mayans y la senadora Di Tullio, pero además lleva las firmas de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli, todos legisladores del entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sería el organismo que estaría a cargo de realizar los controles pertinentes que alcanzaría al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.

Según se detalla en la presentación del proyecto, el examen antidoping incluirá a los siguientes miembros del Estado:

Poder Ejecutivo: Presidente o Presidenta de la Nación, Vicepresidente o Vicepresidenta de la Nación, Ministros o Ministras y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado.
Poder Legislativo: legisladores y legisladoras y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.
Poder Judicial: magistrados en todos sus niveles, y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
Según la letra del proyecto, ante la detección de una droga ilegal en algún miembro del Estado, la sanción será conjunta entre el organismo correspondiente y con la máxima autoridad de cada uno de los poderes, y varían entre la suspensión y/o la aplicación de licencias hasta su recuperación.

Si bien no hay aclaraciones respecto al procedimiento, el test antidoping se realiza a través de una prueba de sangre, a cargo de un profesional de la Salud, donde la muestra se coloca en un tubo de ensayo para su análisis, a la espera de determinar la presencia o ausencia de drogas en el cuerpo.