El texto del comunicado emitido desde Juntos Junín expresa lo siguiente:

«Ya empezado el mes de abril de 2023, el Frente de Todos Junín y SUTEBA anunciaron que recién en 60 días se terminarán obras que permitirían abrir Casa Huerta para que “supuestos alumnos que van a salir a buscar” puedan empezar las clases. Si, prometen nuevamente y como lo hicieron en 2020, 2021, y 2022,abrir una escuela para reinsertar alumnos, pero ahora a mitad de año.

Una vez más, la educación es rehén de la militancia: y las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires son tomadas por SUTEBA, sin gestión educativa, pero sí con militancia política activa.

El Frente de Todos ha reclamado ayer ante el Consejo Escolar acelerar el proceso licitatorio de una obra para reactivar Casa Huerta, institución que han tomado como bandera política, sin importarles realmente los alumnos, o la realidad de los otros 80 establecimientos educativos de gestión pública de Junín que necesitan mejoras edilicias.

Casa Huerta, fuera de toda normativa, era una escuela cárcel para adolescentes, sin matrícula proyectiva, atada a las escuelas cárceles para beneficio solo de algunos. Además, el Frente de Todos nunca dice las verdades que sí dicen las actas. Fueron el individualismo, los intereses personales, el no querer asumir las irregularidades de la extensión Casa Huerta, las que produjeron su cierre.

En lugar de invertir en las escuelas públicas de Junín, el Gobernador Kicillof y el secretario gremial Baradel, con sus representantes locales, Pezzati y Sierra, insisten en una Comisión del Programa Secundaria Profesional para estudiantes que “van a salir a buscar”, y a los que recién a mitad de año van a «rescatar» para ofrecerles un programa de terminalidad.

Una vez más, la educación queda al final: sin gestión, sindicalizada, tomada por la militancia, mientras los estudiantes reales y concretos se quedan sin mejoras edilicias y sin poder acceder a una educación de calidad.

Casa Huerta solo es el nombre de un pretexto para gastar en política, de legisladores provinciales oficialistas y gremios docentes que se dedican a ser funcionales al gobierno y dejan de intervenir en la defensa de los derechos de los docentes.

La educación no puede ser usada como campaña y pantalla, especialmente en un contexto donde la inflación, el trabajo y el gasto público están en el centro de atención de los argentinos, bonaerenses y juninenses. Los chicos merecen una educación de calidad y no ser rehenes de la militancia política».