La compañía recordó que en 1995, ya privatizada y bajo la conducción de José Estenssoro, desplegó una estrategia de expansión internacional y adquirió Maxus, una empresa norteamericana de petróleo y gas.

Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizar a esa empresa por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.

Posteriormente, en 2005, el Estado de Nueva Jersey (de Estados Unidos) demandó a Occidental y Maxus -añadiendo más tarde a YPF y Repsol- por la contaminación del Río Passaic (a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva York) con residuos químicos.

En consecuencia, Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, la empresa que había adquirido YPF en 1995, honró sus obligaciones hasta que el 17 de junio de 2016 tomó la decisión de presentarse en concurso y posteriormente se decretó su quiebra.

En junio de 2018, el fideicomiso de liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y subsidiarias por un monto de hasta US$14.000 millones ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, alegando que Maxus tuvo la intención de «obstaculizar, retrasar, o defraudar a sus acreedores», de acuerdo con un comunicado distribuido por YPF.

Tras años de litigio y negociaciones, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación bajo el cual aquel fideicomiso desistiría de los reclamos (actuales y futuros) contra ambas petroleras.

A cambio, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al fideicomiso US$$287,5 millones cada una, por un total de US$$575 millones, sin que ambas admitan responsabilidad alguna.

Este acuerdo, que está sujeto a aprobación judicial, procura resolver una disputa que ha estado en curso durante casi 20 años.

Asimismo, YPF y Repsol han firmado un acuerdo transaccional con Occidental y algunas de sus afiliadas, bajo el que esta última ha renunciado a todos los reclamos que pueda tener contra YPF o Repsol, en relación con el Río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.

También firmaron un acuerdo con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y los Estados de Ohio y de Wisconsin, bajo el que las entidades se han comprometido a no presentar reclamos contra las dos petroleras.

«Los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes, y que permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina», de acuerdo con la información oficial.