Lorenzetti advirtió sobre tales irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), apuntó contra sus autoridades por no corregir los «incumplimientos que se denunciaron en la auditoría» y decidió “iniciar el procedimiento legal que corresponda ante las autoridades de contralor”.

Pero los otros tres jueces del máximo tribunal emitieron hoy la Resolución 702/2023, en la que establecieron que “la única calificación válida de la presentación bajo análisis, acorde a las competencias del ministro Lorenzetti, conduce inexorablemente a tramitarla como un requerimiento adicional de información al Directorio de la Obra Social”.

La troika dominante de la Corte le recordó a Lorenzetti que las decisiones de esa naturaleza se toman con una mayoría de tres firmas de jueces, con lo que virtualmente descalificaron la nota enviada al Directorio de la OSPJN, presidido por Mariano Althabe.

En esa nota, Lorenzetti denunció “aspectos sustantivos, vinculados a la gestión” del ex director de la obra social, Aldo Tonón, un hombre cercano a Maqueda.

“Se descarta de plano que el ministro Lorenzetti haya adoptado algún tipo de resolución o acto dispositivo por sí y ante sí, pues en tal hipótesis se trataría de una decisión manifiestamente nula por carecer quien la suscribe de competencia”, embistieron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

Lorenzetti había planteado, mediante una nota enviada con su sola firma a la obra social, que una auditoría reveló «irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte».

Pero sus colegas le respondieron que la obra social había elaborado un reporte y “tal como surge de la su presentación, el doctor Lorenzetti tomó conocimiento de dicho informe el mismo día en que fue recibido en la Corte”.

“Sin embargo –añade la refutación-, pese a que decidió no tomar intervención formal en el marco de las citadas actuaciones administrativas, efectuó la presentación bajo análisis”.

Los tres jueces descartaron que la obra social hubiera respondido de manera extemporánea porque “no se le confirió al Directorio traslado alguno ni se le fijó ningún plazo específico para cumplir lo allí dispuesto”, el pedido de información.

“Por el contrario, se solicitó a dicho órgano ‘un informe… sobre el contenido de la auditoría’ y se le ordenó adoptar una serie de medidas en temas de presupuesto, estados contables, software de gestión, procedimientos, organigrama y Contrataciones”.

Lorenzetti sostiene que el informe de la Obra Social es nulo por la irregular integración del Directorio, pese a que fue suscripto por los tres directores en funciones en ese momento.

El deterioro de los servicios y las sospechas en torno a una serie de licitaciones de la OSPJN forman parte del expediente del juicio político que enfrentan los jueces de la Corte Suprema.

“Dado que los términos y redacción empleados en la nota en cuestión podrían dar lugar a equívocos sobre su alcance, es necesario calificarla jurídicamente a fin de darle un cauce formal e institucional acorde a los trámites de la Corte Suprema de Justicia”, aclararon los tres jueces, en un sorpresivo rol de exégetas de Lorenzetti.