Según confirmaron a Noticias Argentinas, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el imputado será juzgado por infracción al artículo 128 del Código Penal de la Nación, que contempla esos delitos.

Esta causa se inició el 13 de septiembre de 2022, tras recabarse los testimonios y las pruebas en la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la investigación se pudo determinar que la tarjeta de memoria encontrada en el interior del teléfono celular del imputado, secuestrado tras su detención, contenía registros fotográficos y fílmicos en los que se pudo observar a menores de edad en situaciones sexuales explícitas y exhibiendo sus partes genitales con fines sexuales.

Ante tal hallazgo, la fiscal Dupuy dispuso que personal especializado en el manejo de evidencia digital de la UFEDyCI se constituya en la sede del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, para realizar una copia forense de resguardo en el marco de dicha investigación.

Paralelamente, la fiscal compulsó la base de datos SIP.AR (Sistema de Identificación de Pedofilia) para corroborar la existencia de reportes del National Center for Missing and Exploited Childrens (NCMEC) relacionados con el investigado. Y de esa medida surgieron tres reportes vinculados al abono telefónico de Sabag Montiel.

A su vez, se desplegaron distintas medidas probatorias para determinar la titularidad del imputado. Por un lado, se solicitó a la empresa telefónica que informe los datos de la titularidad del usuario investigado, obteniendo como información que dicha línea se encuentra radicada a nombre de Sabag Montiel; y por el otro, se investigaron las conexiones de tres perfiles de Instagram relacionados con el imputado, las cuales corroboraron la hipótesis fiscal.

Por tales motivos, en octubre de 2022 se imputó a Sabag Montiel por la tenencia con fines de distribución de 119 archivos de imagen y videos y la distribución de 3 videos, todos de niños y niñas menores de 13 años.

Finalmente, tras el ofrecimiento de las pruebas recabadas durante la investigación y la solicitud de declaración testimonial de diversos testigos involucrados, la fiscal Dupuy solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa.