Las relaciones entre personas del mismo sexo ya eran ilegales en Uganda, al igual que en más de 30 países africanos, pero la nueva ley va más allá.

La norma estipula la pena capital para los «infractores en serie» de la ley y la transmisión de una enfermedad terminal como el VIH/SIDA a través del sexo gay. También decreta una pena de 20 años por «promover» la homosexualidad.

«El presidente ugandés ha legalizado hoy la homofobia y la transfobia patrocinadas por el Estado», declaró Clare Byarugaba, activista ugandesa de los derechos humanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la medida como una «trágica violación» de los derechos humanos y dijo que Washington evaluaría las implicaciones de la ley «en todos los aspectos del compromiso de Estados Unidos con Uganda.»

«Estamos considerando medidas adicionales, incluida la aplicación de sanciones y la restricción de la entrada en Estados Unidos contra cualquier persona implicada en graves abusos de los derechos humanos o corrupción», dijo.

Una foto de Museveni en la presidencia le mostraba firmando la ley con un bolígrafo dorado en su escritorio. El presidente, de 78 años, ha calificado la homosexualidad como una «desviación de la normalidad» y ha instado a los legisladores a resistir la presión «imperialista».

Una organización local, Human Rights Awareness and Promotion Forum, y otras diez personas presentaron posteriormente una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional, según declaró a Reuters uno de los demandantes, Busingye Kabumba.

Museveni había devuelto el proyecto de ley original aprobado en marzo, pidiendo al Parlamento que suavizara algunas disposiciones.

Sin embargo, su aprobación definitiva no se puso en duda en un país conservador donde las actitudes contrarias al colectivo LGBTQ+ se han endurecido en los últimos años, en parte debido a la campaña de grupos eclesiásticos evangélicos occidentales.

Uganda recibe miles de millones de dólares de ayuda exterior cada año y ahora podría enfrentarse a medidas adversas por parte de donantes e inversores, como ocurrió con un proyecto de ley similar hace nueve años.

(Información de Elias Biryabarema; escrito por George Obulutsa; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Juana Casas, Reuters)