El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se excusó este lunes de asistir el martes al Congreso y pidió responder por escrito las preguntas sobre la mesa judicial bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, por lo que la subcomisión de Inteligencia parlamentaria bicameral volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo.

Conte Grand había sido citado tras la difusión de las imágenes de una reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de Vidal -uno de ellos propiciando formar una Gestapo-, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

Después de que el funcionario bonaerense se excusara este lunes de asistir el martes y ofreciera responder por escrito para garantizar su «predisposición a colaborar», el presidente de la Comisión bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, volvió a citarlo para el jueves 27 de enero a las 12, según un intercambio de misivas entre ambos al que tuvo acceso Télam.

«Su comparecencia responde a la posibilidad a dar respuesta a requerimientos de carácter político-institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle», le respondió Moreau a Conte Grand.

Para Moreau, la respuesta de Conte Grand de excusarse de asistir «limita el ejercicio de las facultades parlamentarias propias de esta Comisión Bicameral previstas por la Ley N° 25.520; que, de continuar en esa postura, lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer».

Por eso, y a fin de «no obstaculizar una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso», el legislador del Frente de Todos (FdT) volvió a convocar al procurador bonaerense para el 27 de enero a las 12.

El audio de la filmación de la reunión de 2017 reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.

Además, según detalló este lunes Tailhade en una entrevista con radio Del Plata, Conte Grand también fue citado por la comisión bicameral para que explique «por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri».

Tailhade remarcó además que el expresidente entregó teléfonos encriptados «a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia exgobernadora».

«No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino», advirtió.

Por otra parte, el diputado miembro de la comisión bicameral dijo que «los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista» pueden denunciar ante ese grupo parlamentario «si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención».

Hasta el momento, la comisión cuenta con denuncias de UOCRA de La Plata, el sindicato de Fleteros, «ambos con dirigentes presos en Bahía Blanca», y del sindicato de Astilleros Río Santiago y de Camioneros, entre otros, según detalló el diputado.

En el caso de Camioneros, Tailhade recordó que «dos agentes de inteligencia de máxima jerarquía en la AFI fueron a apretar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo y a Hugo Moyano».