El máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, más la disidencia de Ana María Figueroa, ratificó las condenas que, en el caso de Ruiz, trepan a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

A Arakaki también le ratificó la condena por “lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”, pero ordenó revisar el monto de la pena, que en su caso ascendía a tres años y cuatro meses de cárcel.

La resolución, de más de 200 páginas, confirmó prácticamente en su totalidad el fallo unipersonal dictado por el juez Javier Feliciano Ríos en 2021.

Las defensas de ambos condenados –Claudia Ferrero, por Arakaki; Martín Alderete, por Ruiz- ya anticiparon que presentarán sendos recursos extraordinarios para llegar ante la Corte Suprema.

Los hechos por los que ambos manifestantes resultaron condenados ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso, cuando en la Cámara de Diputados se debatía la controvertida ley previsional.

Arakaki y Ruiz fueron identificados entre los cientos de manifestantes y afrontaron el proceso que ahora llegó a su penúltima instancia.

Arakaki estuvo en prisión durante 30 días, en tanto que Ruiz pasó más de un año en la cárcel; ahora ambos podrían regresar para cumplir las penas impuestas y ratificadas en esta instancia.

En la causa intervinieron en calidad de “amicus curiae” (amigos del tribunal) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.