La medida había sido solicitada por la abogada Silvina Martínez que apeló la intervención ordenada por 180 días y solicitó se otorgue la instancia con efectos suspensivos.

Si bien el organismo había rechazado dar por finalizada la intervención ahora sí lo avala la Cámara Civil que entiende que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia se excedió en su competencia.

De esta forma la IGJ deberá abstenerse de cualquier acto que implique desplazar a las autoridades de la institución mientras dure el tratamiento del recurso de apelación. La entidad intimó a la interventora designada que cese en los actos de hostigamiento contra la fundación.

La intervención había sido dispuesta por el Gobierno ante sospechas de ser parte del presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial aunque, formalmente, el argumento fue por las irregularidades contables que presentaba la misma.

En ese sentido, se dijo que la intervención es a fines de “normalizar la situación institucional de la entidad”, en la que la IGJ detectó “irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.

El organismos describió un supuesto mecanismo de recaudación de fondos que le permitió a la Fundación obtener unos 90 millones de pesos en 2022, parte de los cuales fueron destinados a pagar honorarios a algunos de sus propios miembros e integrantes de su comisión directiva.

Entre ellos figura Gerardo Milman (quien cobró 2.766.170 pesos); el ex secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad en la gestión Bullrich, Alberto Fernando Föhrig, (quien percibió 1.590.000) y el economista Martín Siracusa (quien obtuvo 1.400.000).

«Los destinatarios de los pagos referenciados no sólo son asociados de IEES sino que son miembros de su comisión directiva», explicó la IGJ.