Tras anular parcialmente la parte en que se investigaba la inteligencia ilegal en las cárceles, el juez decidió avanzar´en otras líneas que presagian más nulidades.
Por Néstor Espósito
Marcelo Martínez de Giorgi.Marcelo Martínez de Giorgi.Foto: NA – CIJ
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El juez sobreseyó días atrás a los principales funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que habían sido investigados y dispuso profundizar la investigación sobre un presunto origen ilegal del expediente.

En esa dirección, el juez pidió al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a su par bonaerense “copias del legajo de Leonardo Miguel Cuadra, especificándose si sobre él pesan denuncias de mala praxis o algún tipo de sanción”.

Cuadra era el abogado del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez (cuyo testimonio disparó la investigación por presunto espionaje ilegal), quien ahora se desdijo de su relato inicial y afirmó que sus dichos fueron “guionados”.

Martínez de Giorgi también convocó como testigos al oficial mayor Javier Ríos, jefe del Equipo de Investigaciones de la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quien tuvo a su cargo parte de las tareas de investigación sobre el abogado Facundo Melo, en cuyo teléfono fue hallada gran parte de la prueba recabada en el expediente.

En esa dirección también fueron llamados a testimoniar el oficial mayor Diego Cucci y a la oficial ayudante Débora Chaves, de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la PSA.

Respecto de las intervenciones telefónicas en el marco de la investigación, el juez convocó a la oficial ayudante Tania Brancaleoni; al sargento Walter Núñez y al agente Ezequiel Mendedibe, todos de la División Delitos Telefónicos de la Policía Federal.

La citación apunta a esclarecer circunstancias denunciadas por uno de los ex agentes de seguridad acusados de espionaje ilegal, Jorge “El Turco” Sáez.

“Queda por analizar si las fuerzas de seguridad expusieron fielmente las circunstancias que sucedieron en el registro domiciliario materializado sobre la vivienda de Jorge Horacio Sáez, además del secuestro y aporte de claves de los aparatos telefónicos de su propiedad”, explicó el juez.

Martínez de Giorgi también llamó a testimonial al primer alférez Alexis Maximiliano Avil; al cabo primero José Zarza; a su par Walter Britos; a la cabo Cristina Escobar y al cabo Roberto Calgaro, todos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Buenos Aires» de Gendarmería Nacional Argentina.

De esa fuerza también fueron llamados a declarar el primer alférez Franco Domínguez; el sargento Francisco González; el cabo primero Darío Ramos y el cabo Mana Verón.

La lisa de testimoniales se completa con el comandante Martín Miguel Arias y el Alférez Jonathan González, de las Fuerzas Especiales Alacrán, de la Gendarmería Nacional, y el oficial mayor Juan Cuello y el oficial ayudante Leandro Cabrera, ambos de la PSA.

Todas las declaraciones se extenderán a lo largo de setiembre próximo.