El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió levantar el secreto fiscal de Verónica Laura Asad, más conocida como “Pitty la numeróloga”, quien fue contratada de manera supuestamente irregular por María del Carmen Barros, la exgerenta del Banco Nación.

Marijuan pidió que se libre un oficio a la AFIP para que envíe un informe completo sobre «los aportes y contribuciones efectuadas en orden a cualquier relación de empleo» respecto de varias personas, entre ellas Pitty la numeróloga.

Entre diversas medidas, el fiscal solicitó compulsar la base de datos de la Oficina de Contrataciones a fin de establecer si Asad se encuentra registrada como proveedora del Estado Nacional.

También, solicitó el levantamiento del secreto fiscal para que la AFIP remita las facturas electrónicas emitidas por Asad durante el período comprendido entre enero de 2022 a la fecha.

Las medidas fueron dispuestas por Marijuan en el marco de una causa en la que se apuntó a la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis y a la ahora despedida gerenta general de la entidad bancaria María del Carmen Barros.

Entre las medidas, el fiscal pidió compulsar el sistema Nosis y la base de datos del Registro de las Personas para obtener información de Batakis, Barros y Asad, entre otros.

Requirió además compulsar la base de datos de Migraciones para establecer registro de entradas y salidas correspondientes a Batakis y Barros, entre otros.

La denuncia la motorizó la diputada Nacional María Graciela Ocaña por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.

Además, el fiscal pidió librar oficio a distintas empresas, entre ellas Coca Cola, el hotel Four Seasons Argentina, Hotel Marriot, Quilmes Argentina y Viasek Argentina para que informen si Pitty prestó cursos de capacitación, seminarios o charlas a esas firmas y, en su caso, que detallen su contenido.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal investiga una denuncia que sostuvo que Barros intervino en el ámbito de sus funciones para la contratación de Asad sin tener el aval del directorio para un “un curso de coach” por la suma de $1.800.000.