La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este martes a la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras detectar irregularidades en la compra de materiales para utilizar en la cumbre internacional del G-20 que se hizo en noviembre de 2018 pero llegaron al país hasta 5 meses después y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300 por ciento.

Ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos son algunos de los elementos que se compraron por orden del ministerio de Seguridad para aquella cumbre del G-20, pero que llegaron al país varios meses después de que concluyera el encuentro internacional.

La denuncia apunta también a otros exfuncionarios de la cartera de Seguridad y es el resultado de una investigación que llevó adelante la OA que conduce Félix Crous, a partir de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectó las supuestas irregularidades en las 9 licitaciones analizadas.

La OA imputó a Bullrich y a los otros funcionarios por haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional

La denuncia recayó en el juzgado a cargo del magistrado Luis Rodríguez y en la fiscalía que encabeza Paloma Ochoa, y en el texto de la misma se señala que de los llamados a licitación surge que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre del G-20, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

En todos los procesos licitatorios, los funcionarios denunciados consintieron que el plazo de entrega de los bienes resultara posterior al 1° de diciembre de 2018, el día en que culminó la Cumbre del G-20, lo que implicó que ninguno de los bienes adquiridos pudiera utilizarse con la finalidad para la que habían sido comprados.

En la denuncia se detalla que las irregularidades se dieron alrededor de la compra de 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas, y que el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.

Entre los denunciados se encuentran el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera del ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig; el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; y el exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman.

La OA les imputó haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.

En el caso de la licitación de equipos antiexplosivos, la OA detectó que el 20 de noviembre de 2018 Bullrich aprobó la adquisición de 2 tolvas de protección a la firma Everthron Marine Systems S.R.L, en un precio que excedió en más del 315% el precio testigo establecido por la Sigen.

La investigación de la OA también detectó supuestas irregularidades en la adquisición de 475 chalecos antibalas a la firma Antaaj S.R.L., con un presunto sobre precio del 30 por ciento en relación al precio testigo previamente fijado por la Sigen.

Los chalecos, que fueron entregados más de dos meses después de concluida la Cumbre del G-20, se le compraron a la firma Antaaj S.R.L., empresa a la que además no se le aplicaron las multas correspondientes, según surge de la denuncia.

En el texto de la denuncia se señaló, además, que los beneficios a los que accedió la firma Antaaj S.R.L. podían responder al vínculo que el socio gerente de dicha empresa, Alejandro Altoé, mantenía con la diputada Graciela Ocaña, con quien habría trabajado en el ministerio de Salud entre 2008 y 2009.