Lo primero es tener en cuenta que si esta nueva administración seguía emitiendo como lo venía haciendo el anterior Gobierno, íbamos derecho a una hiperinflación.

Es de necio negar esto, cuando las variaciones de precios al consumidor y los valores de dólares paralelos (comparados a precios de hoy) sólo son posible de encontrar en la historia argentina antes o después de alguna de las tres hiperinflaciones que tuvimos.

Por suerte, aún no llegamos a una y deberíamos ponernos de acuerdo que es lo que hay que evitar. Conclusión, los datos demuestran que estamos como antes de esos dramáticos momentos históricos.

Hoy la alternativa es una hiperinflación y no tratar de evitarla con las mismas fórmulas mágicas que se han implementado hasta ahora y que nos trajeron hasta acá.

Por eso, la necesidad urgente de dejar de emitir para financiar al Tesoro y así permitir que recupere solvencia un Banco Central (BCRA) que la anterior gestión dejó absolutamente quebrado.

Sin el financiamiento del BCRA, puede no gustarnos el «No hay plata», pero es una realidad.

Los gobiernos anteriores destruyeron la credibilidad de la Argentina, es decir su crédito, con nueve cesaciones de pagos y sus respectivas reestructuraciones, que implicaron no pagar lo que le debíamos a los acreedores.

El problema es que el desequilibrio fiscal dejado por la anterior gestión es gigante, 6,1 por ciento del PBI. Pensar que eso va a desaparecer milagrosamente es infantil.

Así que hay que empezar a elegir cómo se lo hace. Ahí es donde aparecen las incoherencias, la demagogia y el «lavado de mano» en la discusión política actual.

Algunos gobernadores y políticos de la oposición salieron a reclamar por la suba de retenciones.

Debo aclarar que estoy en contra de esos impuestos distorsivos y siempre lo he estado. Sin embargo, hay que reconocer que la propuesta del actual gobierno solamente propone un aporte coyuntural (un aumento de las mismas) de una porción de lo que ganaron los que venden al exterior con la suba del tipo de cambio.

Ya se corrigieron algunos casos en el que esa suba significaba quitar a algunos sectores casi toda la mejora lograda.

Lo «interesante» es que eran los mismos políticos que pujaban para que se volviera a restablecer el impuesto a las Ganancias, que realmente es un impuesto a los «Ingresos» y que existe en casi todos los países de occidente.

De hecho, me pareció un error tributario su anterior eliminación para la cuarta categoría, pero me parece que la actual propuesta mejora el régimen que estaba antes.

Sin embargo, lo incoherente es que para no tener que hacer ellos el ajuste en sus provincias, estaban proponiendo cobrarle más impuestos a la gente, que es la que más sacrificios está haciendo en estos momentos. Si eso no es incoherencia, no sé cuál es. Les recomiendo a todos tomar nota de ello.

Por supuesto, esos políticos también son los que dicen que, en todo caso, que el Estado Nacional haga un mayor ajuste de su gasto; pero, al mismo tiempo, en el Congreso se oponen a casi todos los recortes que se proponen en la Ley Ómnibus.

Eso sí, jamás se escucha «y en vez de esa medida, por qué no recortamos esta partida».

Obvio, eso tiene costo político y ellos no están en el Congreso para eso; aunque signifique condenar a la sociedad al tremendo empobrecimiento por una hiperinflación o, como mínimo, con seguir con alta inflación, por tener que seguir financiando gasto público con emisión.

La encrucijada en la que dejó el anterior gobierno a los argentinos, demanda responsabilidad y no demagogia.

Si nuestros gobernadores o legisladores piensan que una propuesta está mal, deben proponer una alternativa detallada que dé el mismo resultado y lo mismo tenemos que hacer los economistas.

No va el «facilismo» de que se haga un mayor recorte de gasto público que ninguno de ellos hizo en sus provincias o hubiera hecho a nivel nacional si presidiera el país.

Otra muestra de demagogia irresponsable: en Argentina, hay muchas corporaciones empresariales, profesionales, intelectuales y gremiales que han estado haciendo plata a costa del bienestar del resto de los argentinos, gracias a los subsidios y privilegios que la política le ha cedido a lo largo de décadas.

En un momento en que todos debemos hacer un esfuerzo para salir del desastre heredado, ¿es lógico que haya algunos que sigan zafando a costa del sacrificio ajeno? Supongo que no. Pero eso es lo que, obviamente, esas corporaciones pretenden y tienen poder económico o político para hacerlo.

Para colmo, como siempre, muchos legisladores prefieren la demagogia de defender esos intereses que ellos hacen visible sus públicas protestas y no el de la amplia mayoría de los argentinos.

Lamentablemente, el resto de la sociedad no sabe lo mucho que le cuesta esos privilegios y subsidios ni está organizada para presionar para que prevalezca el interés del conjunto de los
argentinos.

Así es obvio que, como dice el gobierno, si no se sanciona la Ley Ómnibus, aumentará el ajuste para la gran mayoría de la gente.

Por eso, es importante que se organicen y participen activamente de la discusión el resto de la dirigencia política, empresarial, intelectual, profesional y gremial, que no es parte de los que reciben privilegios y subsidios, sino de los que pagan su costo.

Si prevalecen los sectores que se beneficiaron con esta «fiesta populista» no cambiará el rumbo de empobrecimiento que esas ideas gestaron durante décadas y, lo peor, nos espera una enorme crisis.

(*) – Aldo Abram es director de la Fundación «Libertad y Progreso».