El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes competente en la causa en la que se pide la «inconstitucionalidad» del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente «en las próximas 72 horas» un informe que detalle los «fundamentos jurídicos» de su aplicación, y «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

La decisión del juez Casanello es respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro.

La periodista Vanesa Petrillo explicó en el canal C5N que la disposición de Casanello abarca «todo lo que ocurrió en las últimas manifestaciones y los antecedentes del protocolo, al igual que los fundamentos y si fueron consultadas distintas organizaciones».

Petrillo señaló que el juez «también le pidió que informe si respondió a los requerimientos que en su momento hizo la Organización de Naciones Unidas sobre este protocolo».

«Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)», detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique «pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados».

«A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales», agrega la orden judicial.

Casanello pide «precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'», y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos».

«Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes», remarca el texto.

Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete «se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia».