Según la Resolución 4/2024, los funcionarios tendrán hasta el 31 de julio de 2024 para cumplir con esta obligación anual.

Esta medida se adopta en un contexto legal específico que vincula la presentación de las declaraciones patrimoniales con las declaraciones impositivas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Originalmente, estas declaraciones deberían haber sido presentadas de acuerdo con los plazos fiscales establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que marcan su vencimiento en la primera quincena de junio para el ejercicio fiscal 2023.

Sin embargo, la necesidad de una adecuada coordinación entre los distintos formularios y la carga de información ha llevado a la Oficina Anticorrupción a establecer un nuevo plazo que permite a los funcionarios declarantes un margen mayor para recopilar y presentar la información requerida.

La Ley N° 25.188, que regula la ética en el ejercicio de la función pública, junto con la Ley N° 26.857, establece que las declaraciones juradas deben ser públicas y equivalentes a las presentadas ante la AFIP, sin que aplique el secreto fiscal excepto en un anexo reservado.

Asimismo, la resolución menciona que los funcionarios que no presentan formularios de declaración jurada correspondientes a los impuestos mencionados deben completar manualmente el formulario “Declaración Jurada Patrimonial Integral – F.1245” a través del sitio web de AFIP, usando su “Clave Fiscal”.

El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Erasmo Guillermo Melik, firmó la resolución que también instruye a los responsables de las áreas de personal, administración o recursos humanos de diversas jurisdicciones a divulgar el contenido de esta nueva reglamentación a los funcionarios afectados.