En un momento de ajuste durísimo, cada peso que se gasta debe ser controlado y, cuando se pide transparencia en los gastos, no por eso se atenta contra las universidades. La autonomía es un concepto político que no debe ser utilizado como coartada para llevar adelante una administración económica opaca. Que de la universidad pública salen profesionales muy buenos, nadie lo va a negar, pero es una institución que, a su vez, financia campañas políticas y en la cual se nombran militantes. También es un lugar en el cual, por falta de controles, es muy fácil cometer actos de corrupción.

En 2016, hice una denuncia pública en la que mostraba cómo se triangulaba dinero desde el ministerio de Planificación, que conducía Julio de Vido, a algunas universidades (en especial, la Universidad de San Martín) y desde ahí se hacían, películas, series y telenovelas. ¿Por qué se hacía esa maniobra? Porque los ministerios tienen controles y las universidades, no. Por eso se gastaban cifras siderales en piezas audiovisuales, muchas de las cuales ni siquiera salían al aire.

Se vivieron situaciones bizarras como la de la Universidad de San Martín figurando como productora de la telenovela Mamá Corazón, protagonizada por la actriz kirchnerista Andrea del Boca. La gran adhesión de gente del mundo del espectáculo al kirchnerismo tenía que ver con el hecho de que ganaran fortunas haciendo series o novelas (sin controles) financiadas con millonarias sumas de dinero público. Por esa mecánica pasaron cerca de 5.000 millones de pesos (entre 2012 y 2015), de los cuales unos 1.200 millones fueron directo desde la Universidad a productoras privadas que derrochaban dinero en producciones que (reitero), en muchos casos, no veían la luz. Es así como se explica el hecho de que una gran cantidad de personas vinculadas al espectáculo gustaran tanto del kirchnerismo. Vale aclarar que existe una causa judicial por este hecho.

Cuando se habla de controles y auditorias no debe pensarse en perjudicar a alumnos ni a docentes. Los controles deben existir porque se trata de dinero público y porque existen antecedentes de corrupción como el de la gran estafa audiovisual mencionada arriba. Una clase política evolucionada debe defender la educación, pero eso no significa tolerar la falta de controles para que las casas de estudio comentan actos de corrupción. Para eso haría falta una clase política madura y que tenga vocación de servicio.

Son muy pocos los políticos en Argentina que funcionan bajo esos parámetros, al igual que son minoría quienes defienden el progreso y la República. La mayoría funciona por las ansias de vivir mejor que el resto de los ciudadanos, otros por un ego desmedido, algunos tienen la corrupción como única guía y están aquellos otros que solo tienen ambición de poder. Por supuesto, hay también algunos impresentables que no saben hablar o expresarse y que son diputados o senadores.

La escenificación de esto fue la sesión del Senado del jueves pasado en la que los senadores se triplicaron el sueldo. Cobrarán más de 4 millones de pesos entre sueldo y suplementarios. Es notable la falta de sensibilidad social de llevar sus ingresos a más de 4000 dólares (más que, por ejemplo, un senador español), mientras la gente no tiene para comer y los jubilados no llegan a fin de mes. El patético modo de votación (sin debate y en cuestión de segundos) a mano alzada y el grotesco espectáculo de muchos senadores disimulando que levantaban la mano (la forma de votar de gente como Lousteau dio vergüenza ajena) muestra el funcionamiento de una parte de la política que funciona como casta y que solo piensa en sus propios intereses. Desdeña, además, el sacrificio enorme que están haciendo los argentinos para salir del pozo.

Estos representantes se exhiben auto aumentándose el sueldo de forma casi caricaturesca, mientras que a la mayoría de los ciudadanos no les alcanza el dinero para vivir. Lousteau se defendió diciendo que no puede ganar menos que un cajero. Sería bueno recordarle a Martincito que un cajero trabaja 8 hs por día, todos los días (no así los senadores), y recordarle, también, que ningún cajero (hasta donde sabemos) provocó un desastre como el de la resolución 125. También le podríamos recordar que gana mucho más que los médicos, policías y bomberos, cuyos servicios salvan vidas.

El senador Lousteau debería aprender a hacer silencio cuando con sus declaraciones se burla de la gente que trabaja arduamente para mantener a su familia. En el mismo sentido van los aumentos de salarios a miembros del gabinete. Sepan, señores, que todo contribuye al desaliento ciudadano.

En esta línea, no fue feliz el apoyo de Patricia Bullrich a la disparatada proposición del juez Lijo como miembro de la Corte, cuando es sabido que Lijo representa lo peor de la casta judicial. Bullrich está gestionando muy efectivamente la cuestión de la seguridad y no es bueno que sume desaliento a sus votantes. Lo más importante que tiene un político es el apoyo de la gente. Por esa razón, apoyar a semejante sátrapa va en la dirección opuesta de lo que piensan y quieren las personas que la votaron. Sería oportuno que se rectifique.

Los ciudadanos son conscientes de que las actuales privaciones servirán para un futuro mejor. A pesar de eso, muchos dirigentes y numerosos políticos desprecian a los ciudadanos y solo piensan en su bienestar y en mantener sus privilegios. No deberían provocar así a la gente buena y trabajadora que esta sufriendo el ajuste. Es muy importante que las cosas le salgan bien a este gobierno. Lo irónico es que la gente que los apoya entiende esto mucho mejor que algunos políticos y funcionarios.