Hasta último momento se discutió la modificación laboral que propuso el oficialismo, que finalmente quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

También fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.

Más aún teniendo en cuenta que la Ley Bases se va a intentar aprobar en una sesión que se extendería entre lunes 29 y martes 30, un día antes de la movilización por el Día del Trabajador y del paro general convocado para el 9 de mayo por la central.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados «pasantías»), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez.

La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

Otro aspecto fundamental de la ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.