Dan por descontado que el regreso de la ley ómnibus será después del 25 de mayo, ya que el Gobierno no supo desactivar las bombas a tiempo y ahora lucha denodadamente por destrabar el texto del dictamen.

Recién se dignó a afinar el lápiz para tomar nota de los reclamos en la recta final del proceso, cuando los senadores dialoguistas aprovechan la desesperación del Poder Ejecutivo para pedir y es poco lo que ofrecen a rebajar.

Distinto hubiera sido si las negociaciones, que insumieron meses en la Cámara de Diputados, se hubieran dado de manera paralela con los senadores, sentándolos a todos en la misma mesa.

El Gobierno se abrazaba con inocencia a la fantasía de que el trámite en el Senado iba a ser exprés, acaso por desconocer que la Cámara alta tiene una dinámica propia que no siempre coincide punto por punto con la de la cámara de origen, aunque los actores de un lado y del otro del Palacio se parezcan bastante.

El oficialismo intentó apurar los tiempos pero se encontró con una defensa bien parada de la oposición que no está dispuesta a dejarse meter todos los goles y sale de contragolpe con iniciativa propia.

El Senado no es una escribanía y hay muchos puntos que siguen generando urticaria. Tardíamente, el Gobierno decidió escuchar y aceptar modificaciones, porque el otro escenario, el más temido, es que le tumben la ley y el peronismo le ponga la lápida.

Como sea, el Poder Ejecutivo llega tarde y mal a una instancia en que «la necesidad tiene cara de hereje», como reza el refrán popular, y por eso apelaron a un arma que hubieran preferido no empuñar jamás: Victoria Villarruel.

La vicepresidenta demostró mucha muñeca política para la persuasión cuando consiguió meses atrás una mayoría de 39 senadores que alcanzó y sobró para imponer a las autoridades de la Cámara alta, aislando a Unión por la Patria.

Este jueves, la titular del Senado recibió en su despacho a los emisarios de Javier Milei para negociar la ley Bases: el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Luego de que la vicepresidenta se encomendara a la tarea de utilizar sus habilidades -de las que carecen muchos de los escuderos gubernamentales- para convencer voluntades frágiles (los ocho senadores que están en duda), los funcionarios se atragantaron con una noticia que de alguna manera ya esperaban: no habrá sesión antes del 25 de mayo, por lo que el presidente ya podría ir pensando en reprogramar el tan mentado “Pacto de Mayo” para algún aniversario patrio posterior o la fecha que le plazca, pero que sea realista con los tiempos políticos del Congreso.

El poroteo para la votación en general está bastante reñido, pero el partido podría resolverse en la prórroga a favor del oficialismo.

El interrogante que sobreviene tiene que ver con el tenor de los cambios que aplicará el Senado, con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones en la cuerda floja, las dudas respecto de la reforma laboral y la eliminación de la moratoria previsional, el capítulo del tabaco, y los serios cuestionamientos respecto de varios puntos del paquete fiscal como el generoso blanqueo de capitales, la reimposición del impuesto a las Ganancias y la supresión del monotributo social.

Se trata de temas que fueron negociados y debatidos hasta el hastío durante meses con los diputados de los bloques moderados, y en algunos puntos, por una cuestión de orgullo y amor propio, no quieren dar el brazo a torcer ni que el Senado le imponga sus términos.

El caso del capítulo del tabaco es el más emblemático luego del batacazo en la sesión donde los dialoguistas lograron doblegar al oficialismo y al PRO, pero también la reforma laboral es un tema muy sensible.

Acá el tema central tiene que ver con lo que permita el reglamento. En teoría, según pudo averiguar Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias técnicas y neutrales, la Cámara de Diputados “solamente puede tratar los artículos que modifica la cámara revisora, pudiendo insistir en su media sanción original o bien aceptar los cambios”.

En el radicalismo creen que el reglamento no es concluyente y deja abierta una hendidura que invita a interpretar que podría evitarse el escenario de votación “a libro cerrado”. Es decir, que algunos cambios del Senado se puedan aceptar, y otros rechazar.

“No es a libro cerrado. Vamos a intentar que sea así. Reglamentariamente es posible”, sostuvieron desde el bloque UCR ante la consulta de este medio.

El ex diputado nacional y asesor estrella del bloque UCR Alejandro Cacace se ampara en un viejo acta de 1995 que daría luz verde a esta selectividad.

“Cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquella aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún casi introducir otras modificaciones realizadas por la Cámara Revisora”, dice el acta que compartió el puntano en su cuenta de X.

En este sentido, Cacace escribió: “No asuman que Diputados insista en la Ley Bases tal cual le dio media sanción. Hay que ver qué cambios introduce el Senado (revisora). Y se puede aceptar unos y rechazar otros, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución y este Acta de 1995”.

Seguramente, esta interpretación, si se lleva al extremo y se plantea en el recinto, traerá un vendaval de críticas y podría generar un cimbronazo de alcances inconmensurables y consecuencias impredecibles.

Desde Hacemos Coalición Federal se mostraron prudentes y prefirieron no adelantar una posición hasta que el proyecto Bases no vuelva a Diputados.

«En principio entendemos que se votaría todo que sí o todo que no, pero son acuerdos políticos, de mayoría», contestaron a Noticias Argentinas sobre posibles escenarios en la Cámara baja.

El otro tema a tener en cuenta son las mayorías (simples o agravadas de dos tercios) con las que se vote cada artículo.

Si el Senado aprobara cambios en el proyecto (léase modificaciones de artículos, creación de nuevos artículos o incluso eliminación de artículos), Diputados podría insistir en la versión original con la misma mayoría que el Senado, pero si la mayoría fuera inferior prevalecerá el dictamen de la Cámara alta.

Por ejemplo si el RIGI se rechazara en el Senado con una mayoría de dos tercios, Diputados deberá construir una mayoría también de dos tercios para sostener ese capítulo.