Se trata del Ministerio de Infraestructura, cuya titularidad quedó vacante tras la salida de Guillermo Ferraro en enero pasado.

“Los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Infraestructura estarán a cargo del Ministerio de Economía, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa del citado Ministerio de Economía”, señala el boceto del DNU, al que accedió NA.

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda seguiría incorporando funciones y ganando poder dentro del Ejecutivo.

Según el texto del borrador del decreto, también se avanzará con la “supresión del organismo descentralizado Administración General de Museos y Archivos Presidenciales”.

Además, también se impulsaría una nueva reorganización de las tareas dentro del Gabinete: el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados pasaría del Ministerio de Justicia al de Seguridad; así como el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) quedaría en la órbita del Ministerio del Interior; y el Instituto Nacional de la Agricultura Familia, Campesina e Indígena saldría de Capital Humano para desembocar en Economía; entre otros cambios.

Para justificar esta serie de cambios, el presidente Javier Milei indicó en los considerandos del DNU que estas modificaciones “resultan impostergables para la gestión de gobierno”.

El poder de Toto

Desde que se empezó a mencionar el nombre de Luis Caputo como posible ministro de Economía de Javier Milei tras el balotaje contra Sergio Massa, «Toto» comenzó a ganar terreno en el círculo íntimo del líder libertario.

Su rol, preponderante y clave en la política de ajuste del plan motosierra, no paró de crecer y en la actualidad cuenta con un superministerio, a cargo de un gran abanico de responsabilidades.

En caso de concretarse la publicación del DNU en cuestión, Caputo tendría la función de “asistir al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros (Nicolás Posse), en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva; a la administración de las finanzas públicas; a las relaciones económicas, financieras y fiscales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al desarrollo productivo, la industria, el comercio y la agricultura, la ganadería y la pesca; a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía y minería; a la elaboración de las políticas en materia de obras públicas e infraestructura; a la política hídrica nacional; al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo; a la actividad vial; a la política de desarrollo de viviendas, hábitat e integración urbana y a la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos”.