El organismo que vigila la transparencia procesal del Poder Judicial indicó en un comunicado que por cuestiones humanitarias fueron liberadas, además, otras 599 personas entre ellos ancianos, personas con problemas de salud y madres que tenían a sus hijos en edad infantil.

Todos serán procesados y sometidos a un juicio por diversos delitos, como sedición, ataques a la Constitución y vandalismo, entre otros.

Los detenidos tras el ataque golpista de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro contra el Palacio del Planalto, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso permanecieron hasta este miércoles en un centro deportivo de la Policía Federal para ser registrados.

La secretaría de Administración Penitenciaria de Brasilia indicó que los hombres fueron llevados a la cárcel de Papuda y las mujeres a la Penitenciaria Femenina, conocida como Colmeia, ambas en el Distrito Federal.

«La decisión de la liberación o no de los presos será exclusivamente del juez Alexandre de Moraes, que lleva el caso en el Supremo Tribunal Federal», dice el comunicado.

Con base en los testimonios de los detenidos, las investigaciones están centradas en saber sobre la financiación para el mantenimiento y traslado de quienes acamparon frente a la sede del Ejército en Brasilia y los que asaltaron los edificios públicos el domingo.

Según la cadena Globo, los que financiaron el viaje de miles de personas para invadir el domingo pasado las sedes oficiales son empresarios de los estados de Paraná y Santa Catarina, en la región sur, Mato Grosso do Sul, Goiás y Mato Grosso, en la región oeste, y Sao Paulo y Minas Gerais, en la región sureste.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, determinó el martes el pedido de captura del exministro de Justicia de Bolsonaro y exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, al considerarlo responsable por la falta de represión al asalto a las sedes de los tres poderes del Estado.