El jurista español Baltasar Garzón opinó que el juicio «Vialidad» exhibe una «sistematicidad del lawfare y del uso del derecho como arma de destrucción del oponente político» y consideró «jurídicamente insostenible» la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien expresó su apoyo.

«Es evidente que el objetivo político, a través de este ejercicio del derecho (en alusión al proceso oral en manos del Tribunal Oral Federal 2) con una alianza mediático judicial, es el aniquilamiento político de una persona, en este caso de la Vicepresidenta de la Nación», reflexionó Garzón.

En una entrevista con Radio Nacional, el exjuez advirtió que «lo más grave es que el Poder Judicial se deja instrumentalizar» con ese objetivo y definió como «aberrante» el mecanismo de imputación a Fernández de Kirchner, que -dijo- además «no puede sustentarse bajo ningún principio de derecho».

«Estoy casi asustado; para un jurista es muy difícil de entender lo que está ocurriendo y cómo se está instrumentalizando el derecho y algunas figuras jurídicas al servicio de la parcialidad y de la falta de garantías y del derecho de defensa», expresó Garzón en el programa radial Encuentro Nacional.

Incluso, consideró que «cualquier avance en esta causa está condenado a que en alguna instancia posterior -esperemos que la racionalidad se instale antes en el tribunal- decaiga, con el daño y perjuicio para la propia institución judicial, para la institucionalidad de la República, además del daño irreparable que pueda producirse para las víctimas».

Mencionó, a modo de ejemplo de irregularidades en el proceso, la incorporación de elementos «sorpresa», «pruebas espurias» y «la utilización de arrepentidos que se arrepienten de nuevo».

«No sé cómo se pueden llamar juristas a estas personas y lo digo con toda la trascendencia que tiene mi afirmación en un momento como éste y públicamente», afirmó.

Insistió con que le cuesta mucho entender «tal grado de degradación y de utilización de la justicia», junto a una «muy grave manipulación» en «determinados medios de comunicación», en los que -juzgó- se «demoniza» a las personas.

«Si se altera el equilibrio que debe expresarse a través del ejercicio racional del derecho evidentemente se ataca la propia esencia de la democracia y se ubica como centro de defensa a los intereses particulares», analizó.

Vinculó las circunstancias del proceso oral que tiene a Fernández de Kirchner como imputada con la existencia de «juristas que están perdiendo el norte racional del uso del derecho», algo que calificó como «muy grave».

Con todo, Garzón apuntó que la causa «es tan llamativa que ya está produciendo una reacción» y pronosticó que también tendrá un impacto internacional.

«Seguro que va a volver a pronunciarse el relator especial de independencia judicial de Naciones Unidas», aventuró y saludó la idea de expresar en forma «contundente» la discrepancia con el proceso judicial.

En ese marco, se inscribió entre los juristas que saldrán a «defender el estado de derecho y a las víctimas» de la manipulación de la justicia.

«Es muy grave; la contestación tiene que ser muy contundente; no podemos callarnos ante esta arbitrariedad», manifestó el jurista español, aunque llamó a la «racionalidad y a la mesura» a los jueces y fiscales del juicio por la gestión de la obra pública en Santa Cruz durante el Gobierno de Fernández de Kichner.