De 41 años y ascendencia árabe-palestina, lidera el partido Nuevas Ideas, que concentra a múltiples ideologías. Años atrás fue un empresario del sector de la publicidad.

El 3 de febrero del 2019 ganó la presidencia por primera vez, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia del país y de toda América Latina, tras haber sido alcalde de la capital del país y de haber encarado una campaña «millenial» con eje en las redes sociales.

Su estilo de gobernar pronto acaparó la atención de todos los medios, especialmente de los internacionales. En sus primeras semanas, ordenó el despido de varios familiares de la cúpula del Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), contratados de forma ilegal y con salarios exorbitantes.

Uno de sus grandes retos al frente de El Salvador era dar respuesta eficiente a la violencia desbordada por grupos terroristas, el narcotráfico y pandilleros, que aterrorizaban a la población. En ese marco, fue lanzado el Plan Control Territorial y con las primeras dos fases se logró reducir los homicidios, llegando al promedio más bajo desde los Acuerdos de Paz.

Luego, autorizó a la policía y al ejército a matar a miembros de pandillas si fuera necesario, lo cual reflejó con un tuit: «El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños», sostuvo Bukele.

Su gobierno también publicitó una serie de medidas destinadas a castigar a los miembros de las pandillas que se encuentran encarcelados, al publicar fotos que muestran el duro trato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad.

La mega cárcel para 40 mil presos que inauguró el año pasado fue publicitada por su gestión mediante imágenes que mostraban a cientos de prisioneros amontonados en el suelo, semidesnudos, con las cabezas afeitadas presionadas una contra la otra, mientras los guardias los vigilaban con armas semiautomáticas.

Pese a su alto nivel de aprobación reflejado claramente en su reelección, sectores como organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, advirtieron que Bukele se estaba inclinando hacia una dictadura.

Durante la cuarentena por el Covid, su gestión encerró a miles de personas durante semanas en centros de contención por no cumplir con el aislamiento. Luego, la Corte Suprema dictaminó que las detenciones eran inconstitucionales y le ordenó a Bukele que las suspendiera, pero él se negó.