“En un momento, lo llamo al presidente y primero me dice que estaba haciendo el discurso que iba a dar esa tarde. Después me llama y me dice ‘vos contame lo que quieras pero confío en lo que estás haciendo y sé que tenemos que hacer’”, reveló la funcionaria en declaraciones televisivas.

Y argumenta su buena relación con el mandatario a pesar del escaso diálogo: “Es lo que muchas veces pasa, los presidentes hablan menos con las personas que vos te entendés de taquito en las cosas que tenés que hacer”.

En otro tramo de la entrevista a TN, al consultarle sobre los incidentes que sufrió el Congreso en 2017 durante la reforma provisional, Bullrich fue tajante: «Aquella vez yo no estuve en el operativo. Me sacaron. Esa decisión la tomó la jefatura de gabinete», lanzó la entonces ministra de Seguridad de Cambiemos, con un dardo directo a Marcos Peña, quien en ese entonces era el ministro coordinador de Mauricio Macri.

Denuncia a los manifestantes
El legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, y los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunciaron hoy a las personas que participaron en los incidentes de este miércoles en las inmediaciones del Congreso por «terrorismo».

En el escrito, explicaron que la denuncia es por la posible comisión de los «delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo».

Los denunciantes entendieron que, en virtud de lo normado por el artículo 41: «no puede ser descartado el agravante del terrorismo, dado el tenor de los hechos cuya investigación se solicita, y siendo manifiesta la intención de los involucrados de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado».

En este sentido, se pidió en la denuncia que se investiguen «las conductas típicas descriptas, a todos aquellos que hubieren financiado a las organizaciones participantes de la protesta violenta».

«Los hechos aquí denunciados revisten una gravedad institucional que amerita una enérgica y rápida intervención del Poder Judicial, que preserve para el presente y para el futuro de los argentinos, la posibilidad de que las instituciones de la República y la Democracia, funcionen sin ningún tipo de condicionamientos», expresaron.