De esta manera, el Estado obliga a los organismos públicos que canjeen sus tenencias de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos nuevos en pesos que emitirá el Tesoro y, a su vez, deberán vender sus bonos en dólares bajo legislación local a tenedores privados.

La medida fue duramente cuestionada por diversos sectores de la oposición, quienes argumentan que la medida perjudicará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y pondrá en jaque el futuro de los jubilados argentinos.

En respuesta a las críticas, Massa anunció que la Auditoría General de la Nación (AGN) auditará dicha operación. Asimismo, aseguró que la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la Facultad de Ciencias Económicas, será la responsable de la evaluación.

El titular del Palacio de Hacienda elevó hoy el pedido formal a la UBA y la AGN para la realización de dicha auditoría.

En este sentido, Massa solicitó al Decano de la mencionada casa de estudios, Ricardo Pahlen Acuña, que “emita opinión de carácter técnico debidamente fundada” respecto a una posible pérdida o revalorización patrimonial de la cartera de los organismos alcanzados por el Decreto, tanto en relación con el canje de los bonos globales, como la venta de títulos públicos.

Durante el fin de semana el equipo económico había explicado cómo se implementará el canje de deuda en manos del sector público, principalmente la utilización del Fondo de Garantía de la ANSES.

En línea con esto, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que el canje de bonos “representa un ordenamiento de la deuda pública dentro del Estado” y que con la operación la ANSES “gana poco más de US$ 2.000 millones”.