A partir de las 10 horas de este lunes, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales se constituirá en un foro para que integrantes de empresas, asociaciones civiles, ONG’s, y trabajadores de empresas privatizadas o sujetas a privatización, conformen un universo coral para nutrir de otras voces al debate, más allá de las estrictamente políticas y parlamentarias.

En el arranque de la tercera y última de las tres kilométricas jornadas de debate, el presidente de Legislación General, Gabriel Bornorini (La Libertad Avanza), confirmó que el oficialismo accedía al reclamo de las distintas bancadas opositoras.

Cada invitado tendrá un espacio de cinco minutos para hacer sus observaciones, en un esquema que alternará presentaciones presenciales y virtuales, teniendo en cuenta que algunos de los referentes cuya participación está prevista son del Interior del país y solo pondrán volcar sus puntos de vista a distancia.

De esta manera, el debate propio de los diputados nacionales se realizará a partir del miércoles.

En total, fueron 15 los funcionarios que defendieron la iniciativa “ómnibus” de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, y respondieron más de 300 preguntas, a saber: el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el secretario ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete, José Rolandi; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

También el ministro del Interior, Guillermo Francos; la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas; la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre; el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Unión por la Patria, y con menor intensidad otros bloques como la UCR y Hacemos Cambio Federal, reclamaron que también se hagan presentes en el plenario de comisiones, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor sin cargo oficial Federico Federico Sturzenegger, uno de los autores intelectuales del proyecto “ómnibus”.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza descartaron que estos u otros funcionarios vayan a concurrir a la Cámara de Diputados porque a su entender esa instancia ya está “agotada”.

La iniciativa dispone, en primer lugar, la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa, social, y en consonancia reclama la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo por dos años prorrogables por dos más.

También se habilitan restricciones a las manifestaciones callejeras y al derecho a huelga de trabajadores, en tanto que se avanza con disposiciones para la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, en la educación, en la salud mental, reducción de estructuras burocrático-administrativas del Estado, modificaciones impositivas, blanqueo de capitales, régimen de incentivos a las grandes inversiones, y la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

Los bloques «aliados» de la oposición moderada juraron en reiteradas oportunidades su buena fe para colaborar con el Gobierno para que tenga las herramientas que busca para gobernar, pero mantienen el rechazo en varios puntos del enorme repertorio de reformas y propician una negociación que por ahora el oficialismo no les concede.

La estrategia de este sector dialoguista es enarbolar un semáforo según el cual darían luz verde el grueso de las medidas, mientras rechazan con luz roja un puñado de reformas y negocian algunas otras con las que tienen dudas (amarillo).

En rojo se encuentra por ejemplo la delegación de facultades por cuatro años, aunque podrían negociar “superpoderes” por dos años.

La suspensión de la movilidad jubilatoria es otro punto no negociable, salvo que se deje explícitamente escrito en la letra de la ley que los haberes no perderán con la inflación y qué habrá un mecanismo de indexación. El Gobierno no parece dispuesto a dar el brazo a torcer en este punto.

Las privatizaciones también se encuentran en amarillo. Hay casos como Aerolíneas Argentinas donde no tendrían problemas en acompañar, pero no sucede lo mismo con empresas superavitarias como YPF y Banco Nación, que son palancas estratégicas que mantiene el Estado nacional en distintos sectores de la economía.

La reforma electoral a partir de un modelo de uninominalidad de circunscripción se encuentra en rojo, aunque en este caso el ministro Francos ya adelantó que “si no están los votos” se aceptará dejar de lado esta iniciativa.

Finalmente, no habrá ningún tipo de tregua en relación al plan de Milei de subir retenciones a la soja y a otros productos de economías regionales.

En manifestaciones recientes, el presidente dijo que no aceptará «negociar» pero sí aceptar «sugerencias».

La oposición dialoguista interpretó esas palabras como una forma de habilitar una negociación pero maquillado por un eufemismo (el de la “sugerencia”) para no dar lugar en lo simbólico a ningún tipo de lectura de cuestionamiento a su autoridad.

Sin embargo, este domingo Milei volvió a tensar la relación con sus posibles aliados con una dura advertencia. «Los daños que sufra la población dependen del Congreso, de que no hagan fulbito para la tribuna, como han hecho en los últimos 40 años», apretó.

Desconcertada, la oposición siente que el Gobierno no quiere negociar pero le prende una vela al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al titular del bloque libertario, Oscar Zago, los encargados de recabar “las sugerencias” de los distintos bloques.

Ellos se reunirán en los próximos días con los funcionarios del Poder Ejecutivo y de esos cónclaves se desprenderá hasta qué punto el Gobierno estará dispuesto a ceder a las “sugerencias” opositoras.

Hasta que eso ocurra, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO buscarán integrar sus distintos semáforos para plantarse ante el oficialismo desde una posición relativa de mayor fortaleza.

Confían en que al final del camino primará la cordura en el Gobierno y se sentarán a dialogar sobre los cambios en la «Ley de Bases», ante la posibilidad de que naufrague todo el proyecto. Para poder votar el proyecto necesitan 129 votos, y La Libertad Avanza apenas araña los 40 propios.