Los concejales Orlanda D’Andrea, Cristina Cavalo, Juan Pablo Itoiz y Rodrigo Esponda -los tres primeros pertenecientes a la UCR- y el cuarto a la Coalición Cívica, presentaron proyecto de Comunicación por el cual rechazan «las expresiones y el accionar mediático del Poder Ejecutivo Nacional y llama a la reflexión para el cuidado y la preservación de las Instituciones de los Poderes de la República Argentina» y del mismo se eleva copia a la Oficina del Presidente de la Republica y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a los bloques políticos que la conforman.

FUNDAMENTOS

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que «visto el tratamiento del proyecto de Ley de Bases para la Libertad de los argentinos que se está dando en la Cámara de Diputados de la Nación» y considerando «que los representantes del pueblo argentino han sido electos democráticamente para expresar el hacer y sentir de las diferentes ideologías que componen el espacio político del país; que esa elección libre de la ciudadanía estableció una composición determinada de las fuerzas políticas en el Parlamento».

Agregan que «el accionar conforme a la Constitución Nacional determina ciertos procedimientos que preservan la salud democrática y el cumplimiento de la Ley en la tarea legislativa y son el sostén de la República y la división de poderes» y que «en este contexto social, político y económico, la Argentina requiere de acuerdos y consensos que permitan encontrar el camino para resolver definitivamente los problemas que tiene nuestro país».

Sostienen que «mayorías expresadas circunstancialmente no significan que los representantes del pueblo, en ejercicio de sus funciones, hayan obtenido un cheque en blanco para hacer o deshacer a su antojo; ni habilitan a actuar forzando los límites de la convivencia democrática; y mucho menos a violentar el sistema político con declaraciones agraviantes, que esconden su propia incapacidad para gestionar la Cosa Pública».

Consideran también que «las declaraciones efectuadas por la oficina del Presidente de la Nación, y el accionar mediático del mismo, en redes sociales y medios de comunicación lesionan la vida pública en la República Argentina».