Los camaristas Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas ratificaron el fallo de primera instancia dictado por el juez federal de Zárate – Campana, Adrián González Charvay, en abril pasado.

La operatoria consistía en adquirir maquinaria y mercaderías en Estados Unidos a un valor, declararlo en la Aduana argentina a unas diez veces más, pedirle al Banco Central los dólares para hacer frente a esos supuestos costos y sacar las divisas al exterior pagando el precio real y quedándose con la diferencia.

De esa manera, el mecanismo “les habría permitido obtener al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior”, explicó el fallo de primera instancia, ahora ratificado por la Cámara.

La Cámara dispuso, además, “profundizar la pesquisa a los fines de establecer la eventual responsabilidad que podría caberles a los funcionarios aduaneros que autorizaron y verificaron, sin observación alguna, los diversos despachos de importación materia de análisis”.

La causa se inició a mediados del año pasado tras una operatoria en la que “se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta)”.

Así, se realizaron 24 operaciones entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022, a través del Departamento Aduana de Campana y de la Aduana de San Antonio Oeste.

Tras una intensa investigación, el juez González Charvay detectó que la empresa NRG Argentina, cuyos titulares son Oscar César Darío Güercio y Damián Strier, le compraba de manera directa a Marull Heavy Equipment LLC., de Estados Unidos, (cuyo director era Pablo Andrés Marull).

Ambos, Güercio y Marull, eran socios en una tercera empresa, es decir que tenían el control de las operaciones en una y otra punta de la exportación y la importación.

“Lo expuesto revela claras inconsistencias”, resumió el fallo de Cámara.

“El contrato aportado tendiente a acreditar la vinculación autónoma entre las partes y el compromiso asumido para que Marull se erigiese como proveedor de las instalaciones y maquinarias necesarias para llevar a cabo el plan de inversión local aparecía, en un principio, como una ficción”, sostuvieron los camaristas.

Ese vínculo, añade la resolución, “se habría celebrado antes de la propia creación de la firma que resultaría proveedora del proyecto. Dicha circunstancia permite cuestionar la secuencia en la que se habrían desarrollado los sucesos investigados y la veracidad de los documentos presentados”.

El fallo corroboró que existió “una efectiva capacidad para ajustar, coordinadamente, el soporte documental a las necesidades que se imponían”.

Los tres empresarios y una despachante de aduanas fueron procesados por los delitos de “contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.

El próximo paso, de acuerdo a los códigos de procedimiento, será el juicio oral y público, en el que los procesados podrían ser condenados a penas de hasta ocho años de prisión.