La Cámara de Diputados apelará este miércoles el fallo del juez juez Diego Martín Cormick sobre la imposibilidad de que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) puedan tener un diputado representante cada uno en el Consejo de la Magistratura de la Nación, según anticiparon fuentes de la Presidencia del cuerpo parlamentario.

«La presidenta de la Cámara va a hacer valer la autonomía de la misma para designar a sus representantes en la Magistratura, cumpliendo con el reglamento de Diputados y respetando la decisión de los bloques, motivos por los cuales mañana va a apelar el fallo», señalaron a Télam fuentes cercanas a la titular del cuerpo, Cecilia Moreau.

El anticipo de los pasos a seguir se dio en simultáneo con el pedido del bloque de diputados nacionales de la UCR, que solicitó que la Cámara apele el fallo que anuló la designación de la diputada Roxana Reyes, de ese partido, como representante al Consejo de la Magistratura.

La petición fue hecha en una nota firmada por el presidente de la bancada radical, Mario Negri, y por la propia Reyes, diputada propuesta por el bloque de la UCR y nominada por resolución de la Presidencia de la Cámara para integrar el Consejo en representación de la segunda minoría.

«Resulta un deber inexcusable e ineludible interponer recurso de apelación contra la sentencia en cuestión, ya que más allá de su inoficiosidad en lo que respecta a su componente anulatorio de un acto administrativo de objeto cumplido, corresponde refutar el señalamiento de ilegalidad en lo obrado por el entonces presidente de este Cuerpo que dictó la Resolución 689/22», planteó el bloque UCR a Moreau.

Además, los diputados radicales pidieron que la Presidencia del cuerpo «también rechace la improcedente intimación contenida en el punto 2° (del fallo de Cormick) por haber sido dictada sin jurisdicción y, lo más grave, por pretender imponer a esta Cámara una actuación en desconocimiento del claro mandato de la ley 24.937 en lo que respecta a la potestad de propuesta de los legisladores representantes en el Consejo de la Magistratura en cabeza de los bloques legislativos de mayor representación y de primera y segunda minoría, respectivamente».

«Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los fines de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto».

Para los diputados radicales, «resulta también inaceptable que el juez sentenciante impute a esta Cámara y sus integrantes haber pergeñado un ardid consistente en dividir bloques ex profeso con la finalidad de obtener un espacio de representación adicional en el Consejo de la Magistratura. Dicha afirmación resulta temeraria y constituye una infamia ya que es sabido que los bloques PRO y UCR siempre estuvieron conformados como entidades independientes y separadas».

El juez sostuvo en su fallo que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara». Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».