Desde que habilitó la línea 134, el Gobierno nacional asegura que recibió miles de denuncias a dirigentes sociales por aprietes y extorsiones a beneficiarios de los planes sociales. En ese sentido, desde el gobierno nacional se presentaron documentos ante el Juzgado Federal N°8 sobre las irregularidades en el manejo del Potenciar Trabajo, cuyo monto es de $78.000 por cada beneficiario.

De las más de 1900 denuncias de todas las provincias analizadas, el 90% relata amenazas por parte de los dirigentes de los movimientos sociales para que los beneficiarios vayan a marchas o manifestaciones o eventos políticos. Los hechos señalados van desde la obligación de pagar cuotas de hasta 7 mil pesos a los punteros hasta multas por no ir a las marchas.

En ese marco, la concejal por La Libertad Avanza de Junín, Belén Veronelli, confirmó a En Voz Alta por FM Kiss 99.3, que realizó una denuncia penal este martes ante la justicia de situaciones similares que tendría probadas en nuestra ciudad sobre dos movimientos sociales, dos personas físicas de sexo masculino y femenino, hipotéticamente en una relación sentimental, involucradas en audios y pruebas contundentes en lo que serían transferencias de pago.

«Esto que pasa con los planes sociales es a nivel nacional y Junín no está al margen lamentablemente. No puedo nombrar directamente a nadie por una cuestión legal, pero en esta denuncia hay dos organizaciones sociales involucradas», expresó. Además, remarcó que «se acercó a mí un grupo de personas, siguiendo lo que es lo que ocurre a nivel nacional, comentando como inquietud si era normal que sobre lo cobraban debían entregar un porcentaje, a lo que respondimos que no de manera tajante».

«Lucrar con esa vulnerabilidad y necesidad de las personas me parece deplorable, pero parece que con el gobierno anterior era normal que esto sucediera y nadie lo denunciaba. Ahora se pone en discusión eso y se denuncia», manifestó Veronelli.

«Hasta ahora tengo estas pruebas y vamos a ir denunciando si hay ampliaciones en los casos porque seguramente el fiscal me va a llamar para una ampliación declaratoria. Por lo pronto en esta denuncia penal lo que hago es adjuntar audios donde se indica una persona hace de intermediario ante el estado nacional a cambio de un porcentaje de ese cobro», dijo luego y amplió: «por otro lado adjunto una nota periodista del año 2020 de un portal digital donde se lanzan los planes y se dice quienes son las personas que van a ser los representantes en Junín, con números de teléfono».