A finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó que 10 de los 13 trabajadores del área estaban despedidos y que el gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado.

Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas fueron creados en el año 2010 y funcionaron durante catorce años, realizando más de 170 informes en las causas de lesa humanidad.

Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, le pidió al Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, su intervención en el caso porque “la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad”.

Por el momento, las propias Fuerzas Armadas son las que deben responder a los requerimientos de la justicia, lo que posiblemente “dé lugar a la aparición de solidaridad con quienes están siendo investigados”.

“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, expresó Montenegro

Asimismo, la legisladora declaró que desmantelar esa área “impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general”, respecto a conocer la verdad e investigar, juzgar y sancionar de una forma “adecuada” a los responsables.

“La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió Montenegro.

Por el momento, hay 17 juicios en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio; además quedan por identificar centenares de perpetradores, encontrar restos de las víctimas y restituir las identidades de más de 300 niños nacidos en cautiverio o apropiados en sus primeros meses de vida.

Paralelamente, Montenegro junto a su par Alejandrina Barry del Frente de Izquierda de los Trabajadores, denunciaron que el gobierno de Javier Milei “busca obstaculizar el avance de los juicios” mientras “llama a la reconciliación” con las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el fiscal federal Miguel Palazzani envió un oficio para que Petri se abstenga de tomar cualquier medida que pueda poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas.

“Hay una definición política del presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel de reescribir la historia argentina. Ellos tienen una interpretación de que lo actuado durante la última dictadura fue un enfrentamiento. Es parte de una historia que nosotros como pueblo ya superamos”, concluyó Montenegro.