La gestión del intendente Petrecca ha enviado un proyecto de Ordenanza de reforma al régimen de Habilitaciones de muy baja calidad institucional que barre con aquellos principios.
Bajo el loable propósito de agilizar los trámites, llevandoel trámite administrativo al mundo digital, se olvida de generar todo el circuito previo legal que otorgue soporte a la virtualidad. Junín, pese a llevar seis años de una Secretaría de Modernización, no tiene expediente digital, no hay firma digital, no hay correos electrónicos validados. No hay Ordenanza de Gobierno Electrónico ni el andamiaje jurídico para hacer legal el sistema propuesto. Una cosa es hacer un reclamo vía web o que llegue la boleta digital y otra muy distinta es que se creen, modifiquen o extingan derechos con un procedimiento que no tiene legislación anterior que lo convalide. Gravísimo.
Por otro lado se incorpora un confuso y discutible sistema de calificación de riesgo de la actividad comercial e industrial a habilitar. Por ejemplo, en el Código de Planeamiento Urbano, cada vecino sabe, porque la Ordenanza así lo dice, cuál es la zonificación de Junín, cuál área es residencial, cual industrial, cuál rural. Por este Proyecto de Ordenanza la calificación de riesgo de la actividad a habilitarqueda sujeta a un nomenclador que se hace por resolución administrativade la autoridad de aplicación. O sea, se abre un amplio espectro de discrecionalidad, que podría eventualmente, dar a uno lo que se niega a otro. Si alguien quiere una excepción del Código de Planeamiento Urbano, correspondedictámenes previos, convenio urbanístico, alguna prestación a favor de la comunidad y luego la autorización del Concejo Deliberante. Con este proyecto, si alguien quiere habilitar por excepción, basta la firma de un funcionario de orden inferior, que podría recalificarel nivel de riesgo, sin más que su sola voluntad. Se abre una puerta muy peligrosa, amén de la inmensa delegación de facultades del Concejo al Ejecutivo que degrada la propia institucionalidad del deliberativo. La concentración del podes es brutal, precisamente lo contrario al concepto de república.
La transparencia hace a que la ciudadanía tenga conocimiento de los actos de gobierno. La gestión del Intendente primero hace publicidad y fotos y luego los actos jurídicos.
La tan necesaria y postergada Zona de ActividadesLogísticas fue un acto publicitado profusamente, pero el expediente para aprobarlo llegó al Concejo Deliberante y rápidamente luego fue retirado por el propio Ejecutivo. Sin perjuicio de no poder ser tratado en Comisiónpara evacuar las dudas se pudo obtener copia del mismo y advertir severos errores.
El Intendente firmó cualquier cosa. No estaba completo ni redactado en su completitud. Por ejemplo a fs. 172 del expediente, en la cláusula primera se expresaba que “ ….convienen en aprobar el Proyecto de Obras que se adjunta el presente y que resulta designado al efecto como ANEXO II BIS y a cumplir con las obligaciones allí indicadas en los términos y plazos señalados, (este Anexo hay que desarrollarlo) ya dejar sin efecto, en consecuencia , el Anexo III del Boleto de Compraventa”. Pues bien, no solo no había en el expediente el ANEXO II BIS sino que está expresamente escrito como recordatorio que “hay que desarrollarlo”. Así se envió firmado por el Intendente para ser convalidado.
Para generar la confianza en los inversores que Junín necesita se requiere seguridad jurídica y transparencia. Desde el Concejo Deliberante estamos comprometidos para generar las mejores oportunidades a través de la mejor legislación para que no haya desvíos ni favoritismos y las reglas sean previsibles.