Los relatores aconsejaron al Gobierno que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica” ya que no son compatibles con los estándares internacionales en la materia.

Se trata de Clement Nyaletsossi Voule (vocero sobre Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), que hicieron pública la declaración conjunta esta semana.

En el texto se desglosan todos artículos del Protocolo y no hay ninguna ponderación positiva del contenido creado por Bullrich y adoptado por el Gobierno Nacional, aunque con suerte diversa por lo que pudo verse en las últimas manifestaciones.

En concreto, los relatores de la ONU recuerdan que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”.

“La obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”, subrayan.

Incluso advierten que los manifestantes extranjeros que la ministra de Seguridad pidió procesar y expulsar del país, tienen “el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos”.

El derecho a manifestarse “lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, concluye el documento.

En este sentido, recuerdan que la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y tiene rango constitucional en nuestro país, precisa que “las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.

En definitiva, con la aplicación del Protocolo se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”, lo que “es una decisión contraria al estándar internacional”, concluye el documento de los relatores de la ONU.