El anuncio del gobierno nacional de que las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros tomó por sorpresa a las casas de estudio y también al propio Ministerio de Capital Humano, según pudo saber Infobae. La medida fue informada este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que anticipó “una serie de modificaciones en el régimen migratorio” con el objetivo, según dijo, de avanzar “hacia un país ordenado”.

“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, dijo Adorni en su conferencia de prensa. En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, no estaban al tanto del anuncio oficial. Tampoco en la Universidad de Buenos Aires.

El vocero hizo referencia puntualmente a las carreras de Medicina, que en algunas universidades tienen alrededor del 30% de alumnos extranjeros. Pero en el sistema universitario público los estudiantes extranjeros representan el 4,3% de la matrícula total, según los últimos datos oficiales. En las carreras de grado –las que hoy son gratuitas para los alumnos–, el porcentaje es 3,9%: son 79.834 estudiantes. En el nivel de posgrado hay un 9,2% de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, pero esa ya es una instancia arancelada. En las universidades privadas, los extranjeros representan el 5,5% de la matrícula.

La mayoría de esos alumnos vienen de países vecinos. El 95,8% de los estudiantes extranjeros en Argentina proviene de otras naciones de América, mientras que un 2,9% viene de Europa y el 1,3% restante de Asia, África y Oceanía, según datos oficiales de la Síntesis de Información Universitaria. En total, 3 de cada 4 americanos que vienen a Argentina a estudiar sus carreras de grado eligen universidades estatales, mientras que 1 de cada 4 opta por alguna institución privada.

En las carreras de grado, los países de donde viene la mayor cantidad de estudiantes son Brasil y Perú, cada uno con más de 13.000 alumnos. Luego figuran Paraguay (9.761), Bolivia (8.957), Colombia (7.638), Venezuela (6.901), Ecuador (6.126) y Chile (4.813). Desde el Gobierno nacional habían planteado la posibilidad de exceptuar a los venezolanos de un eventual arancelamiento, por las razones de fuerza mayor que los llevaron a emigrar.

Durante los momentos más críticos del conflicto por el presupuesto universitario, desde el Gobierno nacional habían intentado sugerir que el arancelamiento para extranjeros era una alternativa para atenuar los problemas de financiamiento, pero desde el sector universitario tendieron a desestimar esos argumentos, considerando la baja proporción que esos alumnos representan dentro de la matrícula. Algunas universidades también cuestionaron la referencia a “extranjeros no residentes”, dado que para poder inscribirse en las universidades es necesario vivir en el país y tener DNI argentino.

El Gobierno ya había intentado habilitar el arancelamiento de las universidades públicas para extranjeros no residentes en la primera versión de la Ley Bases, presentada en diciembre de 2023. Aquel capítulo del proyecto de ley fue desestimado en el Congreso. Luego, a mitad de año, el ministro Federico Sturzenegger –su autor– reconoció que planteaban retomar la iniciativa en una ley específicamente educativa que reuniera las reformas educativas propuestas en la Ley Bases original. Desde la Secretaría de Educación estuvieron trabajando en conjunto el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para delinear el proyecto, que aún no llegó al Poder Legislativo.

“Al extranjero que viene solo a estudiar y a irse, me parece que debería cobrársele una cuota”, dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una entrevista en agosto. Allí remarcó que la mayoría de los que se gradúan luego vuelven a sus países para ejercer. Y planteó la posibilidad de que el arancel lo cobre directamente la Secretaría de Educación: “Nosotros estamos estudiando cobrar, pero en lugar de que lo cobren las universidades, que lo cobre el ministerio. O sea, hacer una tasa administrada por el ministerio y que eso vaya directamente al programa de becas”.

La iniciativa volvió a estar en agenda en octubre, luego de la segunda Marcha Federal Universitaria y del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. En aquel momento, desde La Libertad Avanza habían dejado trascender que preparaban un proyecto de ley para habilitar el arancelamiento a extranjeros, pero la iniciativa aún no prosperó. Si bien el vocero Adorni no dio mayores precisiones en su anuncio, desde las universidades especulaban si ahora el arancelamiento se impulsaría por decreto y no por ley, como se había previsto originalmente.

Entre los artículos de la “Ley Ómnibus” referidos al sistema universitario, el primero reformaba el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior (N° 24.521). El proyecto mantenía la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal, pero solo para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. En ese sentido, planteaba que las universidades estatales podrían establecer aranceles “para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos”, como los extranjeros sin residencia. No las obligaba a arancelar, sino que solo abría esa opción para las instituciones que quisieran implementarla.

Contar con una alta proporción de estudiantes extranjeros es visto como un atributo positivo de los sistemas universitarios en el mundo: los rankings globales más importantes, como el QS y el Times Higher Education, consideran el nivel de internacionalización de una universidad –es decir, el porcentaje de alumnos y profesores extranjeros– entre los principales indicadores de calidad.

“Si una institución está atrayendo a una población considerable de estudiantes internacionales, esto tiene beneficios en términos de creación de redes, intercambios culturales, una experiencia de aprendizaje más diversa y diversidad de exalumnos. Además, si una institución está atrayendo a un número considerable de estudiantes extranjeros, se deduce que es lo suficientemente atractiva para hacerlo”, explican desde Quacquarelli Symonds, la empresa británica responsable del ranking QS.

Más allá del conflicto por el presupuesto, que marcó la agenda educativa durante este año, las universidades mantuvieron el diálogo con la Secretaría de Educación. Ese diálogo tuvo un resultado concreto en el reciente anuncio del sistema de créditos que aprobaron las autoridades en la última reunión del Consejo de Universidades.