El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó este miércoles que «la estrategia y la condicionalidad» del programa de acceso excepcional al financiamiento del organismo por parte de la Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018 «no eran lo suficientemente sólidas».

Según los directores, «no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha».

El documento, además, indica que el Acuerdo de Stand By firmado con la Argentina en 2018 era «consistente» con las políticas y procedimientos del organismo, pero reconocieron que «la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable».

«Si bien se siguieron los procedimientos estándar para evaluar los riesgos para el Fondo, los directores consideraron que los riesgos más amplios podrían haber aparecido de manera más prominente, y el Directorio podría haber estado involucrado antes y más profundamente en el proceso», sostiene el informe.

Tras recordar que la Junta Ejecutiva del organismo aprobó en junio de 2018 el «acuerdo de reserva más grande en la historia del Fondo», el informe concluyó que «se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas»; pero aclaró que el «programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas».

«El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres», precisó.

Según los resultados de la auditoria, el programa «no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico».

En ese sentido, los directores lamentaron que el programa no cumpliera sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.

Los directores reconocieron que «el énfasis en la propiedad del gobierno también puede haber llevado a pronósticos demasiado optimistas, lo que debilitó la solidez del programa» y consideraron que el stand by creó «riesgos financieros y de reputación sustanciales» para el Fondo Monetario.

También subrayaron que «una mayor distribución de la carga con otros acreedores oficiales habría proporcionado financiación adicional» y un apoyo «más amplio de la comunidad internacional podría haber reforzado la confianza».

Aunque en general estuvieron de acuerdo en que el acuerdo de stand by era «consistente con las políticas y procedimientos del Fondo», consideraron que «el Directorio podría haber estado involucrado antes y más profundamente en el proceso».

Los directores destacaron varias lecciones para los programas respaldados por el Fondo, como la necesidad de incorporar «supuestos realistas»; que los programas se adapten a las circunstancias del país, incluidas las consideraciones de economía política, lo que podría implicar el uso de medidas no convencionales si es poco probable que las políticas macroeconómicas estándar funcionen.

También, que el análisis de los riesgos debe presentarse claramente y comunicarse a la Junta; que no se impida una evaluación sincera de posibles mejores opciones de políticas y resultados de programas; una la comunicación externa eficaz; y un reparto adecuado de la carga al celebrar acuerdos de acceso excepcionales.