La explicación para promover este cambio es que “el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley”, según consta una publicación de Infobae.

Más allá de que el pago de las jubilaciones impacta en las arcas del Tesoro y por esta razón Economía tiene un papel principal en esta propuesta, desde otros sectores oficiales no estarían de acuerdo con esta línea.

La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.

En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.