El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que eencabeza Federico Sturzenegger, confirmó este viernes que el Gobierno ya envió al Congreso la “Ley Hojarasca” por el cual se propone “derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado.

Muchas de ellas fueron sancionadas durante los gobiernos militares del siglo XX. Con Hojarasca se derogarán unas 70 leyes, entre otras, de los períodos presidenciales de Isabel Perón; Agustín Lanusse; Juan Domingo Perón; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; Néstor Kirchner; Raúl Alfonsín; Arturo Illía; Reynaldo Bignone; Arturo Frondizi; Cristina Fernández de Kirchner; Agustín Justo; Edelmiro Farrell; Héctor Cámpora; José Uriburu y Raúl Lastiri”, señaló un comunicado de la cartera desreguladora.

En el comunicado sobre el proyecto enviado al Congreso, que ya está en manos de la bancada del radicalismo en el Congreso y probablemente también en conocimiento de las demás bancadas de oposición, Stuzenegger citó el viejo adagio “cuanto más leyes menos justicia”, respecto del cual, agregó, el jurista norteamericano Grant Gilmore escribió: “Cuantas más leyes peor será una sociedad. En el infierno ¡no hay otra cosa que la ley!”

El Gobierno del presidente Javier Milei, indicaron desde la cartera desreguladora, “realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró 6 motivos para la derogación de diferentes normas, a saber

Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.

Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.

Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores.

Leyes que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos.

Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir.

Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

En definitiva, dice el texto, redactado por el propio ministro, a quien el presidente Milei suele llamar “Coloso”, el proyecto “busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad”.

La iniciativa busca avanzar en la senda desreguladora, de reducción del estado y de desburocratización que se había iniciado con el DNU 70, que entre otras cosas derogó la ley de alquileres sancionada en 2020, dio grandes márgenes de libertad a las partes en la redacción de los contratos, incluidos aspectos claves como el plazo, la frecuencia y los criterios de actualización.

La otra gran pieza legislativa surgida (aunque no exclusivamente) de Sturzenegger fue la llamada “Ley Bases” que tras un primer traspié legislativo fue reelaborada en una versión reducida que tras una larga negociación fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Habrá más

De todos modos, Milei ya había señalado varias veces que las reformas y derogaciones serían varias veces más grandes que las propuestas hasta ahora. Por el tamaño de la ahora bautizada “Ley Hojarasca”, daría la impresión de que el gobierno tiene varias reformas más en sus alforjas.

El domingo pasado la secretaría de Transporte había anticipado otra medida elaborado conjuntamente con la cartera de Stuzenegger, la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia. El decreto de esa iniciativa de esa iniciativa se publicó el lunes.

Entre otras cosas, se crea un registro nacional de Transporte de Pasajeros de acceso público, online y gratuito, las empresas de transporte ya existentes y las nuevas que se inscriban en el mismo podrán ofrecer y operar servicios con solo registrar una combi y se les permitirá ingresar a aeropuertos y a puertos para levantar pasajeros, eligiendo recorridos, frecuencias y precios. Las cámaras del sector pidieron que la apertura sea gradual y temen una eventual “saturación” del mercado.

El propio gobierno señaló al respecto que la reforma del sistema de autotransporte automotor de pasajeros de media y larga distancia empezará a implementarse a partir de los 60 días de la publicación del decreto, que fue publicado el pasado lunes, 7 de octubre.