Al cumplirse este lunes cinco años del hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, su hermano Sergio volvió a denunciar que Gendarmería actuó «avalada por el propio Gobierno» de Cambiemos durante la desaparición del joven y remarcó que la causa que investiga lo ocurrido «está paralizada desde marzo de 2020».

Además, destacó el aporte de una nueva testigo que declaró en febrero pasado frente al fiscal de Esquel, Federico Baquioni, al asegurar que, a raíz de ese testimonio, los implicados tendrán que «dar muchas explicaciones».

Santiago Maldonado desapareció en el marco de una represión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales del Grupo Benetton ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.

El cuerpo de Santiago fue encontrado sin vida en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez, en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado varias veces, ya había sido rastrillada en tres oportunidades por helicópteros, drones y perros rastreadores, sin hallar nada.

La ministra de Seguridad del por entonces gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, había salido a respaldar a la fuerza que tenía a su cargo: «No hay ningún indicio de que haya sido la Gendarmería. Y la fuerza no reporta ningún detenido».

También desde ese Gobierno habían negado la presencia de Santiago en la zona el día del operativo que culminó en la desaparición, en un hecho que tuvo que ser probado por la propia familia que aportó fotos y un video en el que reconocieron la presencia del joven el día anterior a la represión.

«Es el primer caso de una desaparición forzada en donde participa una fuerza federal y es avalada por el propio Gobierno. Nadie se atrevió a tanto en lo que tiene que ver a desaparecidos en democracia», señaló a Télam Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

A la vez, en los 78 días que van del 1° de agosto, fecha en la que ocurrió la desaparición de Maldonado, y el 17 de octubre, surgieron varias hipótesis que circularon por la prensa que aseguraban que el joven estaba vivo.

En una de ellas, se llegó a difundir un video donde aparentemente se veía a Maldonado en una tienda de Entre Ríos, a raíz de una denuncia que un camionero había hecho frente a la policía local, asegurando que había trasladado a un joven de las mismas características de Santiago en la ruta nacional 12.

También Elisa Carrió, que en aquel momento se encontraba en medio de la campaña como candidata a diputada nacional de Vamos Juntos por la ciudad de Buenos Aires -elección que ganó con el 50% de los votos-, afirmaba que había «un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)».

Desde el lado de la Justicia, en septiembre de 2017 el primer juez de la causa, Guido Otranto, fue apartado del caso tras ser señalado por la querella por «parcialidad», y se designó en su lugar al magistrado Gustavo Lleral.

En noviembre de 2017, el juez Lleral cerró la causa y en su fallo subrayó que Maldonado murió por ahogamiento y que estaba solo cuando se sumergió en las aguas del río Chubut, en Cushamen.

A la vez, dictó el sobreseimiento del único imputado de la causa, el gendarme Emmanuel Echazú, quien había participado del operativo de represión el 1 de agosto.

Entre las cuestiones que Lleral dejó sin investigar, se encuentran una serie de mensajes y llamadas entre el jefe de Gendarmería de El Bolsón, Fabián Méndez, y el entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

A través de peritajes hechos al celular de Méndez, y que constan en el expediente, Noceti había sido informado de las tareas que realizaba Gendarmería ese 1 de agosto, y se presume que hasta estuvo en la zona de la desaparición de Maldonado el mismo día.

El intercambio de mensajes demuestra también que fueron comentando entre sí el desarrollo del caso, y que hasta pudo haber avisos de parte del funcionario sobre peritajes que luego la Justicia terminó ordenando, así como también surge evidencia del espionaje ilegal a los celulares de la familia Maldonado.

Cuando todavía tenía a cargo la causa, Otranto había pedido la intervención de las líneas telefónicas del entorno de Santiago Maldonado.

Luego del cierre del expediente a fines de 2017, la familia apeló la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en septiembre de 2019 respondió ordenando la reapertura del caso.

Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, y tras una serie de apelaciones por parte de la familia Maldonado, el expediente recayó en tres oportunidades en el juez Lleral, quien volvió a quedar al frente de la causa pese haber sido recusado varias veces.

«La causa madre que tiene que ver con la desaparición forzada está paralizada desde marzo de 2020 y no se hizo ninguna investigación desde fines de noviembre de 2018 hasta la fecha», remarcó Sergio Maldonado.

La familia presentó en marzo de 2020 dos recursos frente a la Corte Suprema de Justicia, y tras más de dos años, el 4 de octubre de 2022 el máximo tribunal respondió rechazando los pedidos y argumentó que no podía pronunciarse debido a que no había previamente «una sentencia definitiva».

En diálogo con Télam, la abogada defensora de la familia, Verónica Heredia, consideró que esa respuesta «demuestra la mentira instalada durante todos estos años de que ya estaba todo resuelto, que Santiago se había ahogado solo».

«No hay nada resuelto y esto es lo que acaba de decir la Corte Suprema», completó.

La abogada señaló que la nueva testigo declaró frente al fiscal Baquioni en febrero pasado y que en esa ocasión «dijo que vio al gendarme Emanuel Echazú el 1 de agosto del año 2017, a las 13, en Gendarmería de Esquel».

«Esto tira por la borda el acta que firmó Echazú a 100 kilómetros de Esquel», aseguró la letrada sobre la contradicción en la información brindada por Gendarmería.

«Todas las personas que nombra ella tendrían que dar muchas explicaciones de qué pasó con Santiago», afirmó Sergio Maldonado sobre el aporte del nuevo testimonio.

Además, confió que «ella afirma que lo tuvieron (a Santiago) en la estancia de Benetton en donde funciona el destacamento de escuadrón de Gendarmería y ahí lo tenían para ir quitándole información».