Esta definición, junto con su condición de outsider (termino que utiliza cuando habla de él en tercera persona), su histrionismo, su verborragia, y porque no decirlo su carisma, lo
convierte en lo que el propio presidente aborrece: un político.
El político es aquella persona que decide activarse políticamente por diferentes razones: ideológicas, personales, de clase o por interés. Él lo ha hecho y hoy tiene que administrar
la institución que más detesta: El Estado.
Si a esta caracterización, subjetiva por supuesto, le sumamos el hecho que Javier Milei, en una carrera fulgurante, paso de panelista de TV a presidente de la nación en el término de
dos años; podemos señalar que eso habla mucho de la democracia argentina y también del fracaso de la dirigencia en los últimos años, que ha generado atraso, pobreza,
marginación y resentimiento; en vez de progreso, desarrollo y educación.
Milei es el resultado, no la causa.
Uno de los pocos consensos alcanzados en nuestro país, siempre volátil y ciclotímico, había sido el de la consolidación de la democracia como forma de gobierno, desde mi punto de vista el acontecimiento político más importante de la Argentina de fin de siglo.
Incuso ese valor social de interpretar a la democracia no solo como una forma de gobierno, sino también como una forma de convivencia social, se ha puesto nuevamente en discusión en los últimos tiempos
Esta situación genera incertidumbre, ya que paradójicamente, la consolidación de la democracia como forma de gobierno convive con una crisis de legitimidad, caracterizada por la apatía en la participación y por el hecho de que los ciudadanos se consideran cada vez menos representados por aquellos que eligieron o por aquellos que ejercen el gobierno.
Frente a este panorama complejo en cuanto al sistema político, se suma el hecho que la Argentina tiene graves problemas en diversos ámbitos, principalmente en el plano económico, social y educativo, lo que hace más difícil aun la situación respecto al funcionamiento de la democracia y a las expectativas que los ciudadanos tienen de ella.
Como argumenta Guillermo O’Donnell (2004), en las organizaciones políticas existe una contradicción entre la necesidad de otorgar poder a los políticos, para que estos pueden llevar adelante sus funciones con cierto nivel de efectividad, y el peligro que se genera al correr el riesgo de dar excesivo poder a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan al conjunto de la población.
Así, el dilema consiste en encontrar el punto de equilibrio entre el suficiente margen de acción para llevar adelante la tarea de gobernar y los controles para evitar en que alcancen tal poder que se haga imposible de contener.
Argentina oscila pendularmente desde el retorno de la democracia en este dilema.
Frente a esta disyuntiva, las democracias contemporáneas han intentado establecer un balance mediante lo que se conoce como mecanismos de accountability. Si bien este termino es relativamente nuevo, expresa una vieja preocupación de los pensadores de la política: ¿de qué manera podemos ponerle frenos al poder político?
Actualmente, la palabra accountability significa la demanda continua de supervisión y vigilancia institucional sobre el ejercicio del poder.
Para ello, es fundamental que la sociedad se exprese en una necesaria convivencia basada en el respeto, el pluralismo y la tolerancia, como herramientas determinantes para ofrecer a los ciudadanos una esfera pública, en donde esas diferencias puedan expresarse sin condicionamientos.
No parece ser este el escenario de la República Argentina de hoy. Nuestra sociedad se mueve entre la indignación y la falta de compromiso de grandes sectores, qué, con razón,
se sienten frustrados por la falta de eficacia de los gobiernos, la corrupción y la poca empatía de la dirigencia que solo se mira a sí misma.
Los gobiernos pasan, las sociedades quedan. Puede ser que una circunstancial mayoría haya elegido en determinado momento, de acuerdo a sus opciones políticas, o a una realidad coyuntural, o al rechazo a un modo de hacer política y está en todo su derecho, pero eso no debe hacernos descuidar la buena salud del sistema político.
La democracia en un bien de todos y hay que preservarla, sostenerla y mejorarla.