Se llama Eliécer Erlington Chamorro Acosta, pero todos los conocen como Antonio García y es el jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. En respuesta a una solicitud de entrevista con CNN, el líder guerrillero aseguró, mediante respuestas escritas a un cuestionario previamente enviado, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha cumplido con el único punto pactado en la mesa de negociaciones: el alto el fuego y la participación de la sociedad civil en la construcción de la “agenda de paz”. (Mira aquí la entrevista completa)

La reacción llega más de dos semanas después de que el 17 de enero el mandatario colombiano decidiera suspender el diálogo que mantiene con esa organización armada y declarara el estado de conmoción interior por 90 días en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander) y un sector del Departamento del César. El mandatario responsabilizó al ELN del estallido de violencia en el noreste del país sudamericano, que ha devenido en una de las peores crisis humanitarias de los últimos lustros.

El grupo guerrillero negó en la entrevista ser el responsable de la violencia en la zona del Catatumbo.

Al tomar esas decisiones, el mandatario dijo que tenía dudas sobre la voluntad del ELN de alcanzar la paz y que la guerrilla había cometido “crímenes de guerra”. De inmediato, la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 31 de los jefes y cabecillas del ELN, que estaban en suspenso por el desarrollo de las conversaciones de paz.

El ELN lleva más de medio siglo alzado en armas contra el Estado colombiano y ha participado en varios atentados. Uno de los más sonados ocurrió en enero de 2019, cuando la guerrilla reivindicó la explosión de un coche bomba en una escuela de Policía de Bogotá. Sin embargo, desde noviembre de 2022 y con la mediación del Gobierno de Venezuela, ha intentado llegar un proceso de desmovilización similar al que ya alcanzaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“El lío con este Gobierno es que, además de incumplir, no se dispone a evaluar esos incumplimientos y, por lo tanto, se niega a rectificar”, dijo García, líder de la organización tras el retiro de alias Gabino en 2021.

CNN está buscando una reacción específica del Gobierno de Petro a estos planteamientos de García. De momento, enviaron el comunicado expedido el viernes por la delegación del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN. “La sociedad colombiana le exige al ELN parar su agresión contra la población civil en el Catatumbo. No más justificaciones de lo injustificable. No sigan inculpando al presidente Petro y al gobierno del desplazamiento forzado de decenas de miles de personas que ha traído su accionar despiadado”.

CNN consultó al senador Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico y miembro de la delegación de paz, sobre los señalamientos de Antonio García acerca de los supuestos incumplimientos del gobierno en las negociaciones. “El mayor incumplimiento del ELN es esta acción que estamos viendo en el Catatumbo. Una agresión totalmente despiadada contra la población que ha generado decenas de miles de personas desplazadas. Asesinatos de personas que firmaron el acuerdo de paz de 2016 y que están en condición de reincorporación, líderes sociales. Así que no es el momento de entrar en regateos con relación a cumplimientos o incumplimientos. El ELN debe decirle claramente a la sociedad colombiana si está dispuesta, como organización a transitar a la paz. Y para ello debe haber una decisión absolutamente clara”, dijo.

Escasa presencia estatal y actores armados

A mediados de enero recrudeció el enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, un lugar inhóspito donde la presencia del Estado colombiano es escasa y ha sido un foco de violencia desde hace varias décadas por el control de los cultivos de coca y las rutas para el narcotráfico.

Según el Gobierno del departamento del Norte de Santander, hasta el 1 de febrero habían recuperado los cadáveres de 52 personas, entre ellas cinco exintegrantes de las FARC, firmantes del acuerdo de paz de 2016. Además hay un registro de 53.257 personas desplazadas, otros nueve firmantes desaparecidos y más de 31.000 personas confinadas en sus viviendas.

“El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá (…) Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del “amor eficaz” será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia, será enfrentado”, manifestó Petro el 20 de enero al anunciar el envío de centenares de soldados a la zona para tratar de recuperar el deteriorado orden público en la región.

El 31 de enero, el presidente de Colombia también anunció una operación antinarcóticos en la frontera con Venezuela, también como parte de las medidas para intentar controlar la violencia en la zona

Según Antonio García, el enfrentamiento en la zona del Catatumbo se desencadenó después del asesinato de Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán y su pequeño hijo de 6 meses de nacido en el municipio de Tibú, Norte de Santander. López era el dueño de una funeraria en el pueblo. Otro hijo de la pareja, de 10 años, sobrevivió al atentado.

CNN consultó a la Fiscalía General de la Nación sobre este caso. La respuesta es que aún no han sido identificados los supuestos responsables, que la investigación está en curso pero avanza con muchas dificultades debido a la situación de orden público en la zona, que impide que los investigadores puedan realizar su trabajo en el terreno con plenas condiciones de seguridad.

El jefe del ELN dice que trataron de acusarlos de esos asesinatos, pero él señaló como responsables a las disidencias de las FARC.

Miles de personas han huido de la zona de combate, lo cual, según García, ha sido utilizado por el gobierno de Petro para “satanizar” a su organización “ante el fracaso de sus estrategias para lograr la desmovilización y el desarme por medio de engaños en la mesa”.

Pero no solo Petro ha señalado al ELN.

El 23 de enero, Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC, emitió un comunicado en el que señala a esa organización de ser el responsable de las acciones armadas contra los firmantes de paz en el Catatumbo. “Nosotros, sin arrogancias, hemos luchado ocho años por el cumplimiento del acuerdo de paz, y lo seguiremos haciendo. No nos acabó la ultraderecha, menos el ELN”, sostuvo Londoño en el comunicado titulado “Una respuesta necesaria al ELN”.

El 20 de enero Petro pareció justificar en su cuenta en X las razones por las cuales había suspendido el diálogo con el ELN: “Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares, cuando, dirigidos por Mancuso, llegaron a la zona: masacre de campesinos civiles, en estado de indefensión. Crímenes de guerra por doquier que son crímenes contra la humanidad”.

Petro se refiere a Salvatore Mancuso, quien hace un año llegó extraditado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico, para responder a varios procesos en su contra y convertirse en el “gestor de paz” de Petro. Líder de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, Mancuso es responsable de participar en varias masacres selectivas como parte de esa organización.

García rechazó esa versión de Petro en las respuestas al cuestionario enviado por CNN.

“Es decisión del presidente, pero él no está bien informado. El ELN no ha movido ni un solo mando, ni un solo combatiente de Arauca para el Catatumbo, pues no ha sido necesario (…) Igual sucede con el calificativo de que el ELN es narcotraficante. Petro debe documentarse más, pues un jefe de Estado se precia por la calidad de sus conocimientos, que en últimas es la organización de la información”, respondió.

Las posturas entre las partes parecen, por el momento, irreconciliables.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de volver a la mesa de diálogos con este gobierno, el jefe del ELN se mostró escéptico. “Quiere que sigamos hablando pero que le aceptemos sus incumplimientos, por eso la Mesa está congelada, es una crisis recurrente”, sostuvo García.

El 17 de enero la delegación de paz del Gobierno emitió un comunicado en el que insta al ELN a mostrar voluntad de paz en medio de esta crisis del proceso.

“La guerra con otros grupos armados no puede hacerse contra los civiles, las organizaciones sociales y los firmantes de paz. El asesinato de firmantes de paz y de líderes sociales son crímenes de guerra (…) Cualquier reanudación solo será posible si el ELN se decide a caminar hacia la paz”.

En el marco del diálogo entre el gobierno y el ELN se logró firmar en Caracas, en mayo de 2024, un acuerdo inicial en el que las partes se comprometían a involucrar a la sociedad civil en la construcción de la paz, lo que dio origen a la declaratoria posterior del cese al fuego bilateral que ahora está suspendido.

El ELN y la política de paz total

La “paz total”, una de las columnas vertebrales del gobierno de Petro, atraviesa por uno de sus momentos más complejos. Sin el ELN en este proceso solo quedan mesas de diálogos con sectores de las disidencias, del Clan del Golfo (un grupo armado al margen de la ley al servicio del narcotráfico) y algunas pandillas urbanas en ciudades como Buenaventura y Medellín.

“La ‘paz total’ es una política disforzada para darle cierto ‘estatus político’ a bandas de delincuentes y paramilitares y lograr coordinar su plan contrainsurgente contra el ELN. Por eso, en todo el país están en estrecha coordinación con el Clan del Golfo en Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar; y con los exFarc en Cauca, Nariño, Arauca y en el Catatumbo”, manifestó García ante la pregunta de si cree que la política de paz total ha fracasado.

El Gobierno ha defendido su política. El jueves, en un debate político en el Congreso que buscaba medir el impacto del decreto de estado de conmoción interior, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo que no debía confundirse la voluntad de buscar la paz “con debilidad de la fuerza pública”.

Esa iniciativa ha recibido fuertes críticas de la oposición. Por ejemplo, el exministro del interior, Daniel Palacios, del partido Centro Democrático, la calificó de “fracaso total”.

Trump y las deportaciones

García respondió sobre el segundo gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su impacto en la región. Lo calificó de “gobierno de los ricos, de las nuevas tecnologías” que busca, según dijo, “recuperar la hegemonía mundial”.

El jefe del ELN se refirió a las deportaciones masivas, específicamente a la de colombianos y a la postura del presidente Gustavo Petro al respecto. “Una cosa son los países fuertes como China y Rusia y otra es el Gobierno de Colombia, donde ya vimos lo que sucedió hace unos días (…) al final se tiene que aceptar lo que dice el norte. De todas formas la repatriación de los migrantes se dio, sea en barco o en avión. Las palabras poco valen cuando al final hay sumisión”.

El presidente Gustavo Petro ha rechazado el trato a los migrantes devueltos porque lo considera indigno. Su oposición a recibirlos encadenados y con esposas provocó una crisis diplomática con Estados Unidos, en la que Trump amenazó incluso con imponer aranceles a los productos colombianos de entre un 25% y un 50%, restricciones de visas para funcionarios del gobierno, entre otras medidas. La crisis, que se produjo el domingo 26 de enero, fue conjurada, pero aún se mantienen las tensiones entre Bogotá y Washington.