El sistema se implementó a través de una credencial digital, cuyo número de afiliación es el mismo que el del DNI, lo cual permite tener un control de las atenciones para evitar fraudes.

En tal sentido, su funcionamiento será con token, al igual que lo hacen todas las obras sociales, desde la web de la Municipalidad.

La promoción y prevención de la salud, desde la atención clínica y pediátrica hasta tocoginecología y la vacunación, cuando se opta por hacer la consulta en el sanatorio prestador, estará a disposición del 30% de los habitantes del partido (unos 50 mil en total) que no tienen obra social, y el pago quedará a cargo del municipio. Si el vecino decide ir al hospital, basta con que presente el DNI.

A través de este sistema, el municipio se hace cargo de pagar solo por aquellas prestaciones médicas que el vecino recibe y que se corresponden con la atención primaria de la salud, con lo que los recursos del Estado se dirigen de manera eficiente al paciente en vez de a la institución privada, que es la que administrará el resto de los gastos.

Tendrá la posiblidad, en ese caso, de ofrecerle al usuario la totalidad de la prestación básica universal obligatoria (PBU) que las prepagas deben asegurar a cada afiliado.

En su etapa inicial, el Seguro Médico está vigente en el GO Sanatorio San Nicolás, que se convirtió en el primer centro público-privado del país, al que próximamente se sumarán otras clínicas y consultorios privados de la ciudad que quieran adherir al sistema de voucher.

Generalmente, funcionan como prestadores de las prepagas.

Países como Canadá y España lo vienen aplicando.

Sistema mixto regional
La que podría denominarse prueba piloto de un sistema mixto localizado surge como un intento de descentralización parcial del sistema de salud, al que convergen superpuestas la medicina pública, la privada y la social, y que entró en una compleja crisis luego de la desregulación y liberación de precios que rigen desde la asunción del actual gobierno.

Así fue como, en enero, la mayoría de las empresas de medicina privada aumentaron las cuotas el 40%, lo cual motivó la reacción de los asociados por el monto que deben afrontar, pero también de los prestadores de salud, a los que las prepagas trasladaron el 36 por ciento.

De modo que ese salto en las mensualidades, que golpeó de manera contundente a los afiliados, muchos de los cuales presentaron amparos en la Justicia, dejó afuera de la compensación en el retraso acumulado y crónico a los prestadores: institutos, clínicas, sanatorios y consultorios.

En caso de que el seguro médico que comenzó con un municipio se consolide y extienda, las prepagas tendrán una competencia directa con sus propios proveedores de salud.

La intervención del Estado en el conflicto desatado en el sistema de salud social-privado empezó por desafectar a las obras sociales de la intermediación en el pase de afiliados a prepagas, como sucedía en la mayor parte de los casos, y luego fijó precios máximos, en respuesta a la avalancha de demandas.

Lejos de aportar soluciones, golpeó de manera contundente a los afiliados, tampoco redundó en una compensación en el retraso acumulado y crónico de los valores abonados a los prestadores, institutos, clínicas, sanatorios y consultorios, y puso en riesgo la calidad de la atención médica y su acceso de la población.

Cartelización
Las cinco empresas de medicina prepaga que concentran más de dos tercios de las afiliaciones, la gran mayoría provenientes de derivaciones desde las obras sociales, pilotearon las siderales alzas de las cuotas derivadas de la desregulación del sistema, luego del congelamiento en la etapa final del gobierno de Alberto Fernández.

Como habían quedado retrasadas respecto a la inflación, trasladaron ese efecto a los aranceles que les pagan a los prestadores de salud por atender a los pacientes, mientras aumentaban las cuotas para tratar de compensar, de modo súbito, el congelamiento acordado con el gobierno anterior.

El secretario general de CAMEOF y magister en Administración de Servicios de Salud, Juan M. Ibarguren, describió el modelo de salud resultante de este modo: ese 36% otorgado en enero se materializaba en pagos a los 90 días promedio de realizada la prestación y, en algunos casos, hasta 120 días.

«Si en los 90 días descontamos a la tasa de inflación o equivalente de cualquier instrumento financiero para compensar la inflación; el prestador (médico) cobró en el mejor de los casos en abril las prestaciones realizadas enero con un incremento real del 18 por ciento», explicó.

Es así como «el paciente cada vez paga más por su cobertura y su médico cada vez cobra menos por sus servicios».

Interpretó que el gobierno visualizó y consideró que hubo cartelización para con los clientes de las prepagas y que lo hizo extensivo a los prestadores de salud.

El precio máximo fijado a la medicina prepaga es el argumento que ésta utilizó ante los prestadores de salud para no actualizar en mayo.

De manera que lo obliga a soportar un incremento a tasa geométrica de su estructura de costos; producto de la inflación, variaciones de los tipos de cambio y paritarias que acaban de anunciarse e implican un 10 por ciento para mayo, 9 por ciento para junio y 7,5 para julio.

En tanto, los aranceles -señala- apenas si crecen a una tasa aritmética, a punto tal que para algunos meses se prevé incluso nulo, es decir 0 aumento.

Las consecuencias de topear los precios ocasionan una expansión de la demanda, lo que a su vez produce un faltante artificial, debido a que hay una contracción en la oferta que lo agudiza más aún.

Distorsiones
Se alteran artificialmente los márgenes operativos, lo cual «genera confusión o deterioro de la capacidad que tienen los precios de guiar y promover inversiones necesarias donde hacen falta, y su correspondiente asignación eficiente de recursos para tal fin, lo cual provoca, en definitiva, un empobrecimiento de la comunidad», razona.

En general, estas distorsiones y atrasos contraen la oferta, advierte, y al ser en el caso de la salud bienes o servicios preferentes, «los gobiernos optan por subsidiar de alguna forma a los actores del sistema».

Los montos que discrecionalmente se les giran a las obras sociales sindicales o la emergencia sanitaria permiten que los agentes no sean ejecutados cuando no pagan, por ejemplo, aportes patronales.

Un porcentaje de los prestadores de salud, de no prorrogarse rápidamente la ley de emergencia sanitaria, entrarían en procesos de concurso y quiebra, pone de relieve el directivo.

Alerta sobre el efecto acumulativo de la intervención, e indica como prueba de ello la aparición del mal llamado copago, debido a los riesgos de la informalidad y su posterior persecución, que precarizan el acto médico.

Servicios de salud de calidad
El decremento de la oferta de servicios de salud de calidad en el futuro y el despilfarro de recursos como lo girado a las obras sociales sindicales u otros subsidios en perjuicio de recursos productivos perjudican al paciente y al prestador de servicios de salud (médico), según la visión del vocero de CAMEOF.

La prueba de financiar la demanda de salud en lugar de la oferta es una variante que desde el gobierno se empezó a explorar con el seguro médico municipal en marcha.