La Cámara de Diputados nunca votó el rechazo de un proyecto de presupuesto, como sucedió en la mañana de este viernes cuando la oposición se unificó y con diferentes argumentos votó en contra de la principal iniciativa parlamentaria del Ejecutivo en materia de gastos y recursos de la administración pública nacional.

Si bien en varias oportunidades y por diferentes razones los Gobiernos en ejercicio optaron por prorrogar el presupuesto del año anterior, desde la restauración democrática de 1983 nunca había ocurrido que la oposición levantara la mano en el recinto para votar expresamente en contra de un proyecto de presupuesto, como ocurrió este viernes.

En el rechazo coincidió un conglomerado opositor heterogéneo, con predominio de Juntos por el Cambio -que en la Cámara baja atraviesa una fuerte dispersión en diez bancadas- pero que también integraron el Interbloque Federal, el Frente de Izquierda y las dos agrupaciones de la derecha libertaria.

En una jornada cargada de tensión y con acusaciones cruzadas entre el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, las bancadas opositoras -salvo el interbloque Provincias Unidas- votaron en contra del proyecto que establecía gastos y recursos para la administración pública en 2022.

Tras el rechazo, el Presidente de la Nación tiene la prerrogativa de prorrogar el presupuesto del año anterior y con las actualizaciones distribuir las partidas para sostener las áreas de la administración pública y girar los fondos a las provincias: de todas formas, la tradición parlamentaria y el funcionamiento institucional indican que lo esperable es que el Congreso sancione todos los años la denominada Ley de Leyes.

La coalición opositora integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que en la Cámara baja confluye en un interbloque, atraviesa una profunda dispersión producto de la disputa por los liderazgos internos y los posicionamientos respecto al calendario electoral de 2023.

Este panorama influyó en la larguísima sesión que comenzó el jueves y concluyó este viernes, ya que a medida que fueron pasando las horas todos los sectores de JxC fueron endureciendo su posición, cuando en un principio la Coalición Cívica se mostraba dispuesta a abstenerse, lo que hubiera facilitado la aprobación del proyecto.

El antecedente más parecido a lo que sucedió este viernes se registró en 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y tras la derrota electoral del Frente para la Victoria en las elecciones de 2009, cuando otro conglomerado opositor -el llamado Grupo A- que formaban la UCR, el Acuerdo Cívico y Social (hoy Coalición Cívica) y Unión-PRO (en el que tenía protagonismo el empresario Francisco De Narváez, hoy retirado de la política) actuó en conjunto para dejar sin presupuesto.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió este viernes, con el rechazo del proyecto, en aquella ocasión el Grupo A no dio quórum para tratar el
Por esa razón, la entonces Presidenta prorrogó el presupuesto de 2009 en base a las prorrogativas que establece el artículo 27 de la ley de Administración Financiera.

En 2010, como fundamento para no dar quórum, los legisladores del Grupo A cuestionaron los ejes macroeconómicos que incluía el proyecto de presupuesto con el argumento de que incluían previsiones más bajas de crecimiento y recaudación para luego distribuir el excedente sin participación del Congreso.

Otro antecedente menos controvertido sucedió a finales de 2019, cuando el presidente Alberto Fernández -quien había asumido pocos días antes- decidió no impulsar la aprobación del presupuesto 2020 que había enviado anteriormente su antecesor, el exmandatario Mauricio Macri.

Antes de asumir la Presidencia, el propio Fernández había anticipado que prorrogaría el presupuesto del año 2019.

«Hemos tenido muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo, con lo cual vamos a tratar de prorrogar el presupuesto que existe y en abril o mayo poder mandar el presupuesto para el año que viene», planteó entonces.

Pero luego en marzo de 2020 sobrevino la pandemia de coronavirus, por lo cual prefirió esperar hasta el 15 de septiembre de ese año para presentar el proyecto de presupuesto 2021, al que envió en tiempo y forma al Parlamento y donde fue sancionado sin dificultades tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.