El local bailable de Balvanera en el cual murieron 194 personas por un incendio durante un recital en 2004 se convertirá en un espacio para la memoria, de acuerdo a una ley sancionada este jueves por la noche en el Senado, sobre la cual sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de «Cromañón» consideraron que servirá para «saldar una deuda con la sociedad».

La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra durante una sesión especial para declarar de «utilidad pública y sujeto a expropiación» el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón para destinarlo «a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004».

La iniciativa de reparación estuvo frenada desde 2005 en la Legislatura porteña por la falta de apoyo del oficialismo porteño, no obstante logró destrabarse este año, a partir del proyecto presentado por un conjunto de organizaciones de familiares y sobrevivientes en el Congreso nacional, el que fue tomado por el bloque del Frente de Todos (FDT).

En esta oportunidad, la propuesta tuvo un fuerte respaldo de todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados, donde recibió la media sanción el 12 de octubre pasado, y en el Senado este jueves, además del acompañamiento del proyecto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos nacional que mantuvo un canal de diálogo con las agrupaciones desde 2020.

Durante una conferencia de prensa que ofrecieron antes de la sanción de la ley frente al edificio del Congreso, los familiares y sobrevivientes leyeron un documento en el cual señalaron que «la expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria».

«Este es un momento histórico para el conjunto de la sociedad, representada por senadores y senadoras, que tienen la oportunidad de saldar una deuda con una generación entera. En definitiva, una deuda con la sociedad toda», destacaron.

Y agregaron que la sanción de la ley respondió a que «todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 y para que nunca más se repita».

El documento estuvo firmado por Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón., Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

Durante su discurso, el senador del FDT Mariano Recalde reconoció la lucha del colectivo de las organizaciones que viene desde hace casi 18 años y señaló que «esta ley, que es decisión de un poder del Estado, es una reivindicación y es un perdón».

«Que este espacio sirva para enseñar y transmitir cómo cada espacio de la memoria representa un nunca más», destacó.

El proyecto de expropiación

Puntualmente, además de la expropiación y de la creación de un espacio dedicado a la memoria, la norma contempla que en el lugar también haya una «muestra permanente» que refleje «la historia de lo allí ocurrido», así como también prevé la organización de actividades culturales e informativas.

Establece la conservación de los elementos testimoniales de la masacre al considerar que «hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar» y advierte que «gozará de protección por parte del Estado» también el santuario que fue armado en homenaje a las víctimas sobre la calle Mitre, a metros del boliche.

El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.

Foto Alfredo Luna
Foto: Alfredo Luna.

A poco de comenzado el concierto, el lanzamiento de una bengala prendió fuego una media sombra situada en el techo del local y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.

El edificio pertenece, en la actualidad, a la sociedad «Nueva Zarelux», cuyo dueño es Rafel Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

«Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva», manifestaron los autores en su proyecto ya sancionado.

SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE CROMAÑÓN CELEBRARON LA EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE
Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón celebraron frente al Congreso, la sanción en el Senado de la ley que expropia el inmueble, con el objeto de destinarlo a un espacio para la memoria de las 194 personas que murieron en el incendio de ese local del barrio porteño de Balvanera la noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros.

Organizaciones como la «Coordinadora Cromañón», «El Camino es Cultural», «Familiares de la Matanza», «Movimiento Cromañón», «Ni Olvido Ni Perdón», «No Nos Cuenten Cromañón», «Organización 30 de Diciembre», «Que No Se Repita», y «Sin Derechos No Hay Justicia», entre otras colgaron banderas y pancartas con nombres y fotografías de los fallecidos en el incendio sobre las rejas del Congreso en la esquina de Hipólito Yirigoyen y Entre Ríos, en donde leyeron un documento conjunto.

El texto afirma: «El inmueble donde funcionó Cromañón está a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, sin embargo, en los juicios penales la justicia determinó que su verdadero dueño es Rafael Levy; fue responsable, y por ello condenado a 4 años y medio de prisión, de varias de las decisiones que llevaron a Cromañón a sus condiciones de funcionamiento, por ejemplo, tapar los extractores de aire que originalmente se encontraban en el techo del lugar para la instalación de canchas de fútbol que puso en alquiler».

En ese sentido las organizaciones recordaron que «hasta el año 2018 el inmueble se encontraba judicializado pero en octubre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión del mismo a la empresa Nueva Zarelux a través de su representante legal. Dicha devolución no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes impidiendo la posibilidad de retirar del lugar numerosas pertenencias, tanto de víctimas sobrevivientes como de las víctimas fatales».

«Dentro de Cromañón quedaron diversos objetos como zapatillas, documentos, billeteras, banderas -hasta una bicicleta- de altísimo valor simbólico y afectivo que no sólo no fueron devueltos, sino que fueron desechados por empleados de Rafael Levy. En el interior de Cromañón había huellas de memoria, como las emblemáticas manos en las paredes que, entre otras reformas a su estructura, también fueron borradas en un acto de querer eliminar todo lo allí ocurrido», añadieron.

«Este largo trayecto comenzó en la Legislatura Porteña, con la presentación durante dos períodos consecutivos, en 2019 y en 2021, de proyectos de expropiación y patrimonialización que lamentablemente en esa cámara no prosperaron», subraya el documento.

Las organizaciones remarcaron que «la masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles. No podemos dejar de mencionar, en este sentido, a Aníbal Ibarra como máximo responsable político de la Masacre, quien fuera destituido como Jefe de Gobierno».

El documento también recuerda que «el 31 de diciembre de 2004, el diario de mayor tirada del país, por primera vez en su historia, largaba tres ediciones impresas en un mismo día. La magnitud y el impacto de la masacre obligaba a la prensa a ir corrigiendo y actualizando la información; lo que eligieron no corregir fue la instalación de mitos como, por ejemplo, la existencia de una guardería en el baño de mujeres y la construcción de relatos violentos como «los padres y las madres no los cuidaron», entre otras mentiras que sólo buscaron socavar la lucha de familiares y sobrevivientes».

«Muchos y muchas sobrevivientes lograron salir de Cromañón, pero al no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida; otros familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa; mientras que muchos otros y otras conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas, reclamando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar», enfatiza el texto.

Las organizaciones consideraron que «a partir de la aprobación de esta Ley confiamos en que el Poder Ejecutivo, en nombre del Estado Nacional, tendrá la celeridad y la responsabilidad necesaria para promulgarla y para reglamentarla con la participación de todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes que formamos parte de este proceso y así continuar con la materialización del Espacio para la Memoria por la Masacre de Cromañón».

«Esta es una oportunidad histórica para construir una política pública para la memoria y los derechos humanos de ayer y de hoy. Este logro se cristalizará como un hito de reparación simbólica que permita proyectar un futuro donde el presente continúe construyendo sentidos que, compartidos, dialoguen con quienes fuimos, quienes somos y quiénes queremos ser. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla», finalizaron las organizaciones.