El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del expresidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018, en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal.

El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno.

El juez remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen «los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas» a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exsubdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los exfuncionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).

También pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que «brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas» a las mismas personas, según surge de las resoluciones a la que tuvo acceso Télam.

El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que «aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018» de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens (DNI 33.079.949).

«También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas», requirió el juez en el oficio al que accedió esta agencia.

La imputación a Macri

El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó al expresidente Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.

Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Arribas y Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.

«Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas» por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.